El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció este lunes 19 de febrero que el gobierno del presidente Gustavo Petro no descarta hacerle algunas modificaciones a la Procuraduría.
Se contemplarán, según el funcionario, en la reforma a la justicia que está siendo concertada por un comité de expertos y que, posteriormente, terminará en el Congreso para su aprobación.
En diálogo con Caracol Radio, Osuna dijo que existe el compromiso de ajustar el régimen interno de la Procuraduría y adoptar las disposiciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Hay numerosos estudios y personas que consideran que esa institución (Procuraduría) ya no tiene la importancia, el alcance, que tuvo en años anteriores porque otras instituciones que se han venido creando con posterioridad han asumido esas funciones de un modo más técnico, específico y, por lo tanto, merecería un retoque”, expresó Osuna.
Y aclaró: “el Gobierno nunca ha considerado que la Procuraduría se deba eliminar. Sí hay unas propuestas ahí y no las voy a esconder”.
Aunque Osuna reveló cuáles son las intenciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, habría que determinar qué concluye la comisión de sabios que desde diciembre de 2023 se han reunido para redactar uno o varios borradores de propuestas de reforma a la justicia.
El objetivo es que las propuestas tengan el visto bueno del Gobierno y, posteriormente, lleguen al Congreso y logren los consensos necesarios para ser aprobados. En el caso de las modificaciones a la Procuraduría se tendría que tocar la Constitución Política y, por tanto, contaría con la revisión de la Corte Constitucional.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hace parte de la comisión de expertos, ya planteó sus propuestas para la reforma a la justicia.
Entre ellas, el líder de Cambio Radical plantea la eliminación de la Procuraduría General.
“Es necesario pensar en fortalecer la Rama Judicial con las capacidades y experticias de los funcionarios de la Procuraduría, la cual, lamentablemente perdió competencias para investigar aforados (congresistas, gobernadores, alcaldes), es decir, su existencia se volvió inocua, considerando, además, que muchos elementos del derecho disciplinario se encuentran subsumidos en el derecho penal, conlleva que la entidad sea eliminada y se fortalezca en capacidad a la Rama Judicial”, argumentó Vargas Lleras.
Esa propuesta –por ejemplo– no la comparte el sindicato de la Procuraduría que tiene asiento en la comisión.
William Millán Monsalve, presidente de uno de los sindicatos del organismo de control, tiene una propuesta menos drástica: que la entidad acate definitivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el procurador general sea elegido de otra manera.
Busca que quien gane se someta a un examen de conocimiento. “Pretendemos que sea un consejo superior de disciplina judicial que lo integren las diferentes Cortes y que se produzca a través de un concurso”, le dijo William Millán a SEMANA.
Otra de sus propuestas es desaparecer las procuradurías judiciales cuyos titulares devengan grandes salarios.
SEMANA conoció que sobre el último tema hay amplios consensos entre varios representantes de la comisión de expertos porque los procuradores judiciales solo se limitan a emitir conceptos que no son vinculantes –o que no debe acatarlos el juez– en todos los procesos judiciales.