Las dos primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido blanco de críticas en varios sectores de la sociedad, tanto de políticos como de víctimas del conflicto.
Pese al impacto mediático que tuvo la lectura de los fallos, lo cierto es que la tormenta política que traería consigo esa primera decisión del tribunal ya había sido vaticinada, más aún si se tiene en cuenta el tiempo que tardaron y los lineamientos de los acuerdos de La Habana bajo los que se construyeron.
Como debía ser, se trató de condenas restaurativas. Es decir, los implicados no estarán privados de la libertad, tendrán algunas restricciones para su movilidad y deberán adelantar trabajos sociales y de memoria en los territorios donde cometieron los crímenes, siempre y cuando las condiciones de seguridad estén dadas por la fuerza pública y el Gobierno nacional apruebe los recursos para materializar esos planes, hoy puestos en duda por la crisis fiscal.
Los exguerrilleros se dedicarán a estas tareas por un tiempo de entre cinco y ocho años: “En el caso del antiguo secretariado, son personas que ya superan los 65 años, en promedio. Por lo tanto, las tareas no deben comprometer ni la vida, la integridad y la salud de estas personas. Es una sanción, pero también requiere cumplimiento de los derechos a la seguridad, a la salud, a la integridad de quienes cumplen la sanción”, agregó el vocero de la JEP.
En su momento, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, le explicó a SEMANA que la mayoría de condenas serían restaurativas y no adversariales que implicaran prisión. En efecto, así ocurrió.
“Los casos son excepcionales. Más del 90 % de los comparecientes están aportando verdad y reconociendo responsabilidades. Unos muy pocos están estableciendo la ruta adversarial, que podría desencadenar en la culpabilidad, irían a la cárcel o la inocencia”, advirtió Suárez.
Sin embargo, y aunque el contenido de esas sentencias estaba casi que cantado con meses de anterioridad, la lectura de los fallos fue como abrir una puerta al pasado.
Algunas de las víctimas del histórico conflicto colombiano emitieron sus propios juicios y aseguraron sentirse burladas y no reparadas. Los sectores más extremos de la derecha política del país enjuiciaron con severidad el contenido de las decisiones.
Ante los fuertes comentarios, el expresidente Juan Manuel Santos salió a explicar las condenas de la JEP y aseguró que justo eso fue lo que se pactó durante su gobierno en las mesas de negociación en Cuba.
“Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable. Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”, dijo el expresidente.
Según Santos, es positivo para Colombia que el exsecretariado haya sido declarado culpable del delito de secuestro, aunque no mencionó que esa decisión se tomó después de siete años.
“Por primera vez en la historia, quienes empuñaron las armas durante medio siglo y secuestraron a miles de colombianos, son declarados responsables y fueron sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Un ‘portazo’ a la decisión
Pero la crítica no cesó. Uno de los más vehementes detractores no solo de los acuerdos de paz con las FARC sino también de las decisiones de la JEP, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó como “nefasto el acuerdo de La Habana” y dijo que con esos términos pactados no era necesaria la creación de la JEP, sino que hubiera bastado con “una declaración ante un notario y una supervisión de la justicia”.
A su juicio, “los militares han declarado delitos no cometidos para garantizar su libertad; esta trampa a nuestros soldados fue advertida sin receptividad por el Gobierno de la época del Acuerdo. Sin más JEP, cualquier condena a militares debe ser revisada por la justicia ordinaria y aquellas que confirmen tendrían, por nueva ley para discutir, una pena máxima de cinco años”.
Pero las víctimas también protestaron. El general (r) Luis Mendieta señaló la decisión de la JEP como una bofetada a las víctimas. De acuerdo con el oficial en retiro y víctima de secuestro de esa guerrilla —cuando tenía el grado de teniente coronel en 1998, en la aterradora toma a la base de Policía de Mitú, en el Guaviare, y fue rescatado en junio de 2010—, los excabecillas de las FARC no contribuyeron con los pilares de la JEP, que son entregar verdad, justicia y reparación.
“Ellos no habían contribuido con la verdad, no habían contribuido con la reparación y, mientras no haya reparación, pues no hay justicia. Por lo tanto, se solicitaba la exclusión de ellos de allí y que se sometieran al juicio para ver si los condenaban a 20 años de prisión”, dijo el general Mendieta en diálogo con SEMANA.
Por su lado, Jhon Frank Pinchao, víctima de secuestro de las FARC, rechazó la sentencia y dijo que la decisión de la JEP es un circo. “La recibo (sentencia) con mucha decepción, como la reciben millones de colombianos. Esto es una burla al país y es una revictimización a las víctimas de estos delincuentes”, dijo.
Agregó que “ver a estos delincuentes que los mandan a sembrar flores, mientras que las víctimas siguen desplazadas y pasando necesidades en las ciudades, huérfanos, viudas, mutilados, gente que ha quedado en la ruina por las extorsiones de estos delincuentes”.
Finalmente, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, como una voz más ponderada entre la ola de críticas, señaló que en medio de este proceso, los exguerrilleros dejaron las armas, “finalizaron el conflicto que existía con las FARC” y reconocieron su responsabilidad sobre al menos 21.396 secuestros que ocurrieron en el marco del conflicto armado.
En esa misma vía, Marín recordó que la sentencia emitida por la JEP asignó la máxima sanción restaurativa que puede otorgar ese sistema por los hechos de máxima gravedad que protagonizó esa guerrilla.
“Las sanciones, al ser restaurativas, maximizan la contribución a la reparación y la restauración de los daños causados a través de la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario, lo que constituye un paso histórico en contra de la impunidad con un enfoque restaurativo”, afirmó Marín.