El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, fue enfático esta semana y dijo que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no pretende acabar la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Nadie ha hablado de eso”, dijo.
Pero en el proyecto nacional de presupuesto se plantea que el tribunal de justicia transicional reduzca su presupuesto por encima de los 170.000 millones de pesos en 2027 y la plata pase a la justicia ordinaria. Ese dinero, sin duda, afecta la operatividad de la JEP, según su presidente Alejandro Ramelli.
El magistrado Ramelli ha hecho lobby en el Congreso, especialmente con el Pacto Histórico, con quienes sostuvo una reunión a puerta cerrada. Entregó el balance de la justicia y pidió el apoyo político para evitar que desde el Legislativo le quiten el oxígeno que necesita la JEP.
Además, Ramelli acudió ante la Corte Penal Internacional para elevar la queja por lo que está ocurriendo con la JEP en el gobierno de De La Espriella.
No obstante, Ramelli y la JEP cada vez se quedan más solos.
El Congreso ya pasó de recortarle el presupuesto de 100.000 a 170.000 millones de pesos y las víctimas de las Farc, quienes han buscado la verdad, la reparación y la no repetición en el máximo tribunal, no lo han conseguido.
Ingrid Betancourt, Sofía Gaviria, Clara López, Sigifredo López, Clara Rojas, Jaime Felipe Lozada, entre otras víctimas, enfilaron baterías contra el tribunal y, contrario a lo que se creía, lo dejaron solo. “Es momento de que se acabe, se marchite y se revisen sus sentencias”, dijo a SEMANA Ingrid Betancourt.
Este miércoles, Salvación Nacional, el partido del senador Enrique Gómez Martínez, quien propuso reducir 100.000 millones de presupuesto a la JEP y pasarlo a la justicia ordinaria, fue más allá. Y aprovechó la coyuntura para darle otra estocada: que su vencimiento sea en el 2028 y que las investigaciones que no se resuelvan pasen a otras entidades de la Justicia. Para eso, el senador busca modificar, a través de una reforma, el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2017.
“El presente proyecto pretende modificar el término de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, estableciendo un período máximo e improrrogable de 10 años para el ejercicio de sus funciones”, se lee en la iniciativa legislativa que será radicada este miércoles.
Como si fuera poco, el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, también busca meterle la mano a la JEP. Presentó un proyecto de acto legislativo que busca fortalecer las garantías y la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La iniciativa establece una revisión automática judicial de estas sentencias, sin que el militar o policía tenga que solicitarla. De esta manera, todos los miembros de la Fuerza Pública tendrán la misma garantía, independientemente de sus recursos económicos o de las circunstancias particulares de su defensa. El proyecto plantea que la revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podrá confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP.