Carolina Corcho, ministra de Salud, es una de las funcionarias más criticadas del gobierno de Gustavo Petro por su intención de eliminar las EPS. En un pronunciamiento oficial, la jefe de cartera aseguró que, antes del cambio en el sistema que propone, deberá haber una “crisis explícita” que haga que la ciudadanía pida modificaciones.
Frente a esto, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se unió a otros líderes de la oposición en sus reparos frente a lo dicho por la ministra, quien, según ellos, estaría sugiriendo que se inducirá una crisis de la salud para beneficiar la reforma.
A su vez, la senadora le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar a la ministra por lo dicho.
“Es urgente que se investigue esta declaración, que puede desembocar en una crisis que vulnere el derecho fundamental a la salud”, publicó la congresista del Centro Democrático en Twitter.
Lo que dijo la ministra, junto a la posible reducción del presupuesto para la salud en 2023, genera dudas sobre una intención de generar una crisis dentro del sector.
“Lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solo puede haber una identificación o denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa”, dijo Corcho.
Sector salud podría estar desfinanciado en 2023
Después de que la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, planteara en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de $8,1 billones a $3,8 billones, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) emitió una alerta respecto de cinco aspectos que podrían configurar una crisis para el sector salud el próximo año:
1. Dejar sin financiación los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación supone un problema estructural que involucra a todos los actores del Sistema: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores.
De acuerdo con el gremio, el efecto en cadena afecta sobre todo a los millones de usuarios de este Sistema, que al día presta cerca de 2,2 millones de atenciones.
2. Durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de salud (frecuencias) por cuenta de tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías al país y el poscovid, lo que sumado al reconocimiento de la inflación (que este año será de dos dígitos), la devaluación y el incremento del salario mínimo, generan un aumento en los costos de las atenciones de salud que es necesario financiar por parte de la Nación.
3. A este panorama deben sumarse los traslados de usuarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que están en medidas de vigilancia especial por parte de la SuperSalud y que el Gobierno ha anunciado liquidar.
4. Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios (Presupuestos máximos).
5. El Sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra se agudiza y pone en riesgo la garantía del derecho a la salud de los colombianos.
“Reducir el flujo de recursos en el Sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario. Este último, la mayor preocupación que tenemos”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.
A esta alerta por posible desfinanciación se une Gestarsalud, uniendo a las EPS más importantes del país en esa alerta.