Estalló una fuerte tensión entre el presidente de la República y la rama Judicial, por un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.
La molestia que se presentó en las altas cortes fue porque el jefe de Estado habló de denunciar por prevaricato a los magistrados del Consejo de Estado, que frenaron la orden que impartió de trasladar $ 25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones.
“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.
Ante ese mensaje, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, expresó: “Es normal que se puedan presentar, digamos, en un marco de diálogo institucional algunas tensiones y bienvenida la diferencia de las críticas dentro de ese diálogo, pero lo que no es normal es que se agreda a una de las ramas del poder público o a la justicia o se atropelle porque no se esté a favor de una decisión”.
Posteriormente, el mandatario colombiano reaccionó: “Pueden cuestionar lo que quieran y están en su derecho. Varios magistrados me han cuestionado incluso groseramente y solo respondo con argumentos, a pesar que soy el jefe del Estado por voto popular. Creen que se pueden burlar del voto popular”.
“Algunos del Consejo de Estado permitieron una investigación inconstitucional del Consejo Electoral contra mi y ya es caso cerrado y eso fue un delito.
“Pero no espere nadie en Colombia que el presidente va a permitir un golpe feroz contra los derechos del pueblo solo porque se aumenten ganancias de mega multimillonarios dueños de bancos de Colombia”, dijo el jefe de Estado.
También insistió: “Se rompió la línea roja de la Constitución y de los derechos fundamentales por simple codicia y ni el presidente ni el pueblo deben permitirlo. Jamás se puede permitir golpes del Estado contra la dignidad del pueblo, provengan de dónde provengan”.
“Lo que hizo el magistrado al violar la ley, que no está en sus funciones, y negar el pago de pensiones, derecho ya adquirido, a trabajadores que cumplieron su edad y requisitos es un delito y punto”, afirmó.
“El presidente, como todo funcionario público, de acuerdo a la Constitución nacional tiene el deber de denunciarlo, y si los banqueros dueños de administradoras de pensiones se niegan a pagar los ahorros de los trabajadores ya pensionados por Colpensiones cometen el delito de estafa y hurto, al violar la ley vigente que los obliga a pasar el ahorro logrado por los ya pensionados, deben ser procesados penalmente y sancionados por las instancias respectivas. Es mi obligación constitucional hacerlo”, concluyó el jefe de Estado.