Se siguen conociendo las movidas que se hicieron en el gobierno de Gustavo Petro en distintas entidades antes de dejar el poder. El Ministerio de Agricultura hizo una denuncia en la que cuestionó a la anterior administración por dejar firmados contratos que suman importantes recursos durante lo que resta del año.
“Esta es la foto del derroche, el despilfarro de los recursos públicos y la politiquería del Gobierno de Gustavo Petro. La nómina de contratistas que la exministra de Agricultura Marta Carvajalino dejó al ministro entrante, Indalecio Dangond, supera los 18.000 contratistas, con compromisos que llegarían hasta diciembre por cerca de 1 billón de pesos”, dijeron.
Desde la nueva administración aseguraron que, mientras se gastan esos recursos en “burocracia y contratación” miles de familias de 15 departamentos del país se encuentran afectadas tras el terremoto y esperan soluciones de fondo para sus viviendas.
“La pregunta es inevitable: ¿cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con 1 billón de pesos? El nuevo Gobierno tiene el deber de poner la casa en orden, acabar con el despilfarro y devolver cada peso público a donde realmente se necesita: al campo, a los campesinos y a las familias colombianas”, afirmaron desde la entidad.
Según detallaron, la mayor cantidad de contratos está en el ICA y suman 153.008.000.000 pesos; en el caso del Ministerio de Agricultura hay 740 contratos por 73.000 millones de pesos; en la ANT 9.281 por 451.000 millones, en la ADR 1.971 por 113.000 millones de pesos; en la Aunap 322 por 29.992.000.000 pesos; en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) 412 contratos por 41.574 mil millones; en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) 2.585 por 168.311 mil millones, para un total de 1.029.858.000.000 pesos.
En el Libro de la Verdad, el documento que elaboró el equipo de “empalme anticorrupción” en el que se develan varios hechos ocurridos en las entidades del gobierno Petro, se menciona que en el caso del sector agricultura se hicieron varios hallazgos.
Uno de ellos fue un “engaño” de la reforma agraria. “El gobierno saliente entregó tierras sin títulos y pagó casi un billón de pesos por predios que el Estado ni siquiera logró registrar”, dijeron desde ese equipo.
Según mencionaron, en medio de la reforma agraria se habría dado una “operación de maquillaje estadístico” a través del Fondo de Tierras, por medio del cual se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 (apenas el 7 % de la meta 2022-2026) contaban con registro pleno ante Instrumentos Públicos, mientras 206.273 se entregaron de forma provisional, es decir, campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no cuentan aún con un título que los respalde legalmente.