El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, dio a conocer este jueves una grave denuncia contra el actual director financiero de la ESAP, Luis Miguel Ávila, por presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido el funcionario cuando trabajaba para la Unidad de Restitución de Tierras.
“He puesto en conocimiento del fiscal general de la nación un caso de posible corrupción por parte de un exfuncionario de la Unidad de Restitución, hoy director técnico financiero de la ESAP, Luis Miguel Ávila, aportando pruebas por presuntos cobros a cambio contratos en la entidad”, reveló el secretario de Transparencia.
Según reveló Idárraga, en la denuncia, que ya está en manos del fiscal general, Francisco Barbosa, se aportan pruebas de 16 transacciones por 3.923.000 pesos que aportaron dos denunciantes, contratistas de Unidad de Restitución de Tierras cuando Ávila trabajaba en esa entidad.
“En este gobierno no toleraremos actos de corrupción. Esperamos contar con el apoyo de todas las autoridades para combatir la impunidad. Les llegó la hora a los corruptos”, sostuvo Idárraga en un trino en el que compartió varias imágenes con extractos de su denuncia.
Cabe aclarar que los hechos que se denuncian no habrían en la actual administración, sino cuando Ávila estaba en la Unidad de Restitución de Tierras, en el primer semestre del año pasado.
Según se lee en la denuncia radicada ante el ente acusador, las conductas “presuntamente se encuadran dentro de los artículos 404 y 409 del Código Penal, toda vez que los funcionarios que estarían solicitando y recibiendo los dineros (...) estarían constriñendo a los contratistas para que estos tuvieran que dar comisiones sobre sus honorarios”.
La denuncia, así mismo, indica el documento, fue elevada ante la Procuraduría, para lo concerniente a lo disciplinario, por la secretaria general de la Unidad de Restitución, Jaqueline Campo.
El documento aportado por Idárraga a la Fiscalía incluye dos testimonios de contratistas de la Unidad de Restitución quienes señalan que les habrían pedido una cuota del 10 % de su salario por contratarlos en la Unidad.
Según señala uno de los denunciantes, en diciembre de 2021 le descontaron un millón de pesos de sus honorarios y durante 2022 le descontaban mensualmente entre 200 y 250 mil pesos.
Esta es la segunda denuncia que se conoce esta semana que involucra a funcionarios del Estado con posibles hechos de corrupción.
Este miércoles SEMANA reveló en exclusiva unos audios comprometedores en los que el secretario general de la Dirección de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez Nieves, se confabula con un empresario para, presuntamente, manipular licitaciones.
Esta revista reveló que la conversación se desarrolla con un empresario identificado como Eduard Sosa. En el diálogo, el funcionario y el particular planean cómo manipular presuntamente las licitaciones del DPS, dándoles una cara de aparente legalidad y pluralidad de oferentes.
Aunque en el audio que conoció esta revista se escuchan solo las voces de los dos protagonistas mencionados, la forma en que se conversa sugiere que hay más asistentes en la reunión.
En la primera parte de la grabación, hablan de un computador con un IP que permite que los particulares modifiquen los pliegos de las licitaciones como si los cambios fueran realizados por el propio Ramírez Nieves, secretario general del DPS. Estas revelaciones le terminaron costando el puesto al funcionario.