El Gobierno de Gustavo Petro le entregó la Unidad para las Víctimas, una de las entidades más importantes del Estado, a un poderoso y cuestionado clan político de Santander a cambio de sus votos en el Congreso. SEMANA destapa el fortín burocrático que se construye sobre un presupuesto anual de 4,5 billones de pesos, asignados para atender a las víctimas del conflicto en el país y cuya ejecución está ahora bajo sospecha por indicios de presunta corrupción. Pero no solo eso. También hay denuncias por los atropellos que afrontan los funcionarios que se oponen a este desangre del erario y que, entre otras, tendría como posible motivación sacar recursos para financiar las campañas en las elecciones de 2026.
El control de la entidad fue un premio de la Casa de Nariño para el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, un político de 35 años nacido en Barrancabermeja que responde a las órdenes del polémico exalcalde de ese municipio, Alfonso Eljach Manrique, un cuestionado líder del Magdalena Medio que puso su maquinaria electoral al servicio de este joven para que llegara al Senado en 2022 de la mano de la Alianza Social Independiente (ASI).
Sin embargo, Moreno terminó en las toldas de En Marcha, movimiento de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, y se convirtió en un aliado de primer nivel para los intereses de Petro en el Congreso. Como En Marcha perdió su personería, el senador volvió a la ASI.
Moreno ha dado el visto bueno a la mayoría de los proyectos que el Gobierno ha presentado en el Legislativo, como la paz total, la reforma pensional, la laboral y la fallida convocatoria a una consulta popular, entre otras. También se la ha jugado por los candidatos del petrismo que han sido elegidos recientemente como magistrados de la Corte Constitucional.
Por esa fidelidad, Moreno recibió una recompensa política que causa indignación en un país azotado por la guerra como Colombia: administrar la atención para las víctimas del conflicto armado, que son más de diez millones de personas, y ser el padrino de uno de los presupuestos más jugosos de la nación, superior incluso al de la mayoría de las alcaldías y departamentos del país.
La sombra del senador Moreno empezó a ser visible en la Unidad de Víctimas desde 2024 a través de algunos directivos, pero ese poder se incrementó notoriamente este año cuando, de hecho, trasladó a sus fichas políticas de Santander a Bogotá.
Ese control quedó en evidencia en junio pasado, cuando el exescolta Adith Rafael Romero Polanco tomó posesión como director general de la Unidad, pese a no tener experiencia en el sector. Su único mérito fue haber trabajado como secretario de Gobierno en Barrancabermeja durante la alcaldía de Alfonso Eljach Manrique (2020-2023), donde también laboró el hoy senador como enlace para el desarrollo territorial y se benefició de varios contratos hasta 2021, cuando fue designado para levantar las banderas de su jefe político en el Congreso.
Las fichas del clan
Romero Polanco llegó a la Unidad para poner a rodar la estrategia del clan político, en el que han resultado beneficiados incluso los financiadores de la campaña de Gustavo Moreno al Congreso en 2022. De los 42 cargos directivos que hay en la Unidad para las Víctimas, 22 están ligados directamente al senador de En Marcha y 19 de ellos tienen sus raíces en Santander.
Por ejemplo, Luis Gabriel Taboada Castro ocupa hoy dos puestos en la entidad: la jefatura de planeación y la dirección territorial de Urabá. Según el reporte que se emitió en Cuentas Claras, él fue el gerente de la campaña al Senado de Moreno, le donó 42 millones de pesos en especie y también formó parte de la administración de Eljach en Barrancabermeja.
En este carrusel hay más nombres. Está Francisco Yesid Triana Castillo, con tres direcciones bajo la espalda, quien le aportó 10 millones de pesos al proyecto político del congresista y estuvo en el gabinete de Barrancabermeja entre 2020 y 2023. Carlos Arturo Vásquez Aldana, jefe de la oficina jurídica de la Unidad de Víctimas, fue el gerente de Aguas de ese municipio del Magdalena Medio.
Alix Aguilar Tirado, oriunda del puerto petrolero, tiene las riendas de la dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad. Por su parte, el exalcalde de Lebrija (Santander) Luis Carlos Ayala Rueda es el subdirector de reparación individual. La lista incluye a otros funcionarios cuyos nombres, orígenes y trayectorias en Santander siguen causando ruido por el criterio que se habría usado para ser vinculados a una entidad que requiere experiencia y conocimiento.
En la Unidad de Víctimas se han nombrado a personas que incluso, en últimas, podrían ser hasta victimarios. Ese es el caso de Fredy Orlando Quintero Mogollón, designado por Romero Polanco como subdirector de la Unidad. Este hombre fue alcalde de Chitagá (Norte de Santander) entre 2016 y 2019, y es investigado por ser un presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo del frente Efraín Pabón, del ELN.
“El material probatorio da cuenta de que el exmandatario habría financiado a ese grupo armado durante el periodo en el que ejerció el cargo y supuestamente auspició la comisión de acto delincuenciales, como cobro de extorsiones, secuestros y ataques contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura en Pamplona, Toledo, Labateca, Chitagá y Silos, y varios municipios de Santander, Arauca y Boyacá”, advirtió la Fiscalía en un comunicado de prensa difundido en junio de 2020. El proceso está en audiencia preparatoria para el juicio, según fuentes del ente investigador. Es decir, alguien que fue acusado de apoyar a grupos considerados terroristas, hoy está cuidando y resarciendo a las víctimas del conflicto armado en Colombia, bajo el amparo del Gobierno Petro.
En los pasillos de la entidad hay indignación. Uno de los empleados del área de contratación de la Unidad para las Víctimas le describió, bajo reserva, a SEMANA que la estructura política del senador Gustavo Moreno estaría imponiendo sus reglas de juego para favorecer a los suyos: “Algunas personas que están trayendo de Santander, Norte de Santander y Boyacá no tienen la experiencia. Hay excesivos honorarios. Los salarios se están asignando a dedo y se están ajustando los perfiles bajo sus intereses. La mayoría son cercanos al senador Moreno”. Por ejemplo, una psicóloga nacida en Barrancabermeja, que el año pasado recibió más de 4 millones como honorarios, hoy factura 9 millones de pesos, es decir, más del doble.
Las contrataciones también han aumentado considerablemente y las personas que quieren conservar su vinculación con la Unidad de Víctimas deben alinearse políticamente con el congresista, según las fuentes consultadas: “Nos preguntan qué político tenemos y nos sugieren hablar con Gustavo Moreno: ‘Tiene buenas propuestas, tiene mucha incidencia dentro de la unidad, va para otra elección el próximo año. Te podemos conseguir una cita’, y preguntan, ‘¿cuántos votos tienes?, ¿cuánto margen de votos?, ¿en qué región te relacionas?’. Hasta le revisan a uno el perfil en las redes sociales para tomar la decisión”, reconoció un contratista entrevistado por SEMANA, cuya identidad pidió omitir por temor a las represalias.
Las polémicas denuncias
A este carrusel político con la plata de las víctimas, en un Gobierno que prometió combatir la corrupción y ponerse del lado de quienes han sufrido los estragos de la guerra, se le suman grandes interrogantes frente a la transparencia y presuntos sobrecostos en el manejo de los dineros. Los focos apuntan a Romero Polanco y el clan político que domina la entidad, con el senador Moreno como protagonista.
SEMANA accedió a cientos de órdenes de compra, entre junio y septiembre de este año, en las que fueron las comunidades las que les pusieron directamente el precio a sus productos y servicios en medio de los recorridos que la Unidad de Víctimas hace por todo el país.
Por ejemplo, en hechos que la Contraloría General está revisando y que deberían llamar la atención de la Procuraduría y la Fiscalía, hay ollas comunitarias que ascienden a 19 millones de pesos; plantas aromáticas compradas por 4 millones de pesos y rituales indígenas que superan los 3 millones de pesos.
En un evento en el Pacífico, con plata de los colombianos, se pagó un millón de pesos por kits de armonización para “ahuyentar los malos espíritus y atraer la armonía”, y a los “sabedores” se les canceló 1.500.000 pesos por ese tipo de actividades. Mientras tanto, hay víctimas del conflicto a las que ni siquiera el Estado les ha pedido perdón ni mucho menos las ha indemnizado.
Para otra actividad de la Unidad de Víctimas, se ordenó comprar 150 uniformes deportivos a 40.000 pesos cada uno, cuando los asistentes solo fueron 80: “Constan de camisetas, pantalonetas y medias. Se requieren en diferentes tallas (30 unidades talla S, 50 unidades talla M, 50 unidades talla L y 20 unidades talla XL)”, se registró en el documento de la Unidad. La actividad deportiva fue complementada con un ritual indígena que le costó al país 2 millones de pesos: “Elementos tradicionales para el desarrollo de la limpieza y prácticas rituales y de armonización”, señala la justificación de ese gasto.
Uno de los funcionarios que está al frente de estas tareas en la Unidad de Víctimas reconoció a SEMANA que uno de sus superiores le pidió inflar los costos, lo cual violaría los principios más elementales de la contratación estatal: “Me dio la orden de elevar los precios del transporte para las personas que llegaban a los eventos. Si un transporte llegaba por 70.000 pesos, me dijo que pasara la factura por 300.000 pesos. Todo aquí es al doble, al triple. Luego se pasaba la solicitud para que Financiera hiciera el desembolso. Todo está arreglado. Ellos saben cómo hacen las cosas”. El funcionario ha intentado luchar contra este esquema corrupto, pero no ha podido, por lo que pide la intervención urgente de todos los organismos de control.
Detrás de estas presuntas irregularidades con la plata de las víctimas habría un plan calculado para posicionar a las fichas del clan político de cara a las elecciones de 2026, según reveló una alta funcionaria de la entidad a SEMANA: “Es un desangramiento de los recursos. Es regalar recursos por regalar. Las personas que lideran estos procesos arreglan internamente con las comunidades: ‘Pasan la factura, pero a mí me tienen que dar tanto. Ganamos todos o no ganamos’. Esto es un secreto a voces. Ni qué decir del gasto de los viáticos”.
El cumplimiento de las metas previstas en la Unidad de Víctimas está por el piso, lo que demuestra que los intereses del clan serían otros, según las denuncias hechas por los propios funcionarios. Aunque se le asignaron 4,5 billones de pesos a comienzos de 2025 para cumplir con su misión durante este año, solo se ha usado el 24 por ciento de estos recursos, de acuerdo con cifras publicadas el pasado 31 de agosto.
Los números están en rojo, pero cada vez son más los contratistas, y los resultados de la gestión no se ven por ningún lado: las transferencias corrientes al Fondo para la Reparación de las Víctimas tiene el 25 por ciento de cumplimiento y la implementación de las medidas de reparación en las víctimas del conflicto marca apenas el 9 por ciento en los logros. Estas cifras están consignadas en informes de la Contraloría.
En diferentes actas conocidas por SEMANA, altos funcionarios describieron que hay una presión por usar estos recursos: “Hay que gastar en lo que sea. Necesitamos resultados. Esta ejecución debe ser apresurada para rendirle cuentas al presidente, mostrar resultados”, se registró. Esto estaría generando una improvisación en las oficinas: “Lo que se ha dicho es que si no gastamos esa plata lo más rápido posible, el próximo año podríamos tener una reducción en el presupuesto, entonces hay preocupación”, manifestó una contratista bajo anonimato.
Las jugaditas de Moreno
El senador Gustavo Moreno, elegido por la Coalición de la Centro Esperanza, y que ha tratado de mantener un bajo perfil, ha estado envuelto en escándalos en el pasado. En junio de 2024, a raíz del trámite de la reforma pensional, SEMANA denunció que Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, le redactó una proposición al congresista para quedarse con billonarias comisiones que pagarán los trabajadores. El 17 de abril de ese año, Moreno radicó dicha proposición que benefició a los fondos privados de pensiones.
El documento que sirvió de base para la proposición de Moreno fue elaborado por la vicepresidenta jurídica de Asofondos, Clara Elena Reales, según los metadatos del archivo. Fuentes en el Congreso dijeron a SEMANA en ese momento que la proposición llegó a manos de Moreno, procedente directamente del director del partido En Marcha, el exministro Juan Fernando Cristo, quien le envió al senador el documento en Word elaborado por Asofondos.
En la Unidad de Víctimas también hay preocupación por la posible incidencia que tendría la esposa del congresista en el manejo y la contratación de la entidad. Se trata de Juliana Ospina López, quien fue candidata a la Cámara en 2022 por Colombia Justa Libres, pero se quemó.
Acoso a la vista
Además de los cuestionamientos por la operación y las dudas en las finanzas de la Unidad para las Víctimas, hay quejas por maltrato laboral en la era de los “santandereanos”, como se le llama al clan político que se tomó por completo la entidad. En una de las direcciones se estaría reteniendo los honorarios de los contratistas, obligándolos a trabajar por fuera del horario laboral y restringiéndoles el acceso a la información con la que, tradicionalmente, han laborado.
Una de las personas que padece esta situación le entregó detalles a SEMANA: “Utilizan su poder y condición para retener las cuentas sin ninguna justificación. En las conversaciones con los directores, nos dicen que ‘ustedes se sacan solitos’, como si se tratara de una amenaza. No respetan los horarios y la desconexión laboral”. Su queja no ha avanzado y tiene fuertes reparos con la oficina encargada de recibir este tipo de denuncias, pues se habría encargado de ventilar el asunto públicamente sin darle el debido proceso.
Una persona alarmó que la sobrecarga laboral se ha incrementado por cuenta de la no renovación de contratos de expertos en la materia y los nuevos vinculados no contarían con el perfil para las funciones: “Están contratando masivamente porque hay un interés de por medio y es el senador Moreno. Están trayendo a personas sin el perfil, y nosotros estamos cargando todo el trabajo. Hay tareas y documentaciones retrasadas desde 2024. No tenemos la capacidad ni está llegando la gente formada para esto, solo personas sin conocimiento para cumplir favores políticos”.
Ambos denunciantes coinciden en que los órganos de control no han actuado a tiempo, y que habría una campaña dentro de la Unidad para silenciar cualquier tipo de denuncia que ponga en entredicho las gestiones del clan al mando del senador Moreno: “Sentimos que la Procuraduría no está actuando de la manera correcta. Llevamos mucho tiempo esperando respuestas y no las hay. Nuestros derechos están en riesgo”.
La Unidad para las Víctimas está presa por un fortín político que deberá gastarse 3,4 billones de pesos en lo que resta del año para cumplir con las metas que se trazó. Los petristas purasangre que trabajan en estas oficinas ya levantaron su voz de protesta ante la Casa de Nariño, pues son conscientes del riesgo de corrupción que se está viviendo: “Esta gente no puede continuar”, mencionó un funcionario de la Unidad de Víctimas que les habla al oído a altos funcionarios de la confianza de Petro.
El despelote es tal que el director de la entidad, Adith Romero, le dedica tiempo durante el día a grabar videos para promocionar Omnilife, suplementos alimenticios y productos nutricionales. Portando prendas institucionales, en un video posó frente a una cámara y se manifestó a sí mismo: “Director, ¿usted cómo aguanta este ritmo de trabajo? Aquí está el secreto: Omnilife”. Todo esto mientras diluía una sustancia sobre una botella de agua.
Mientras aumentan las dudas sobre las gestiones, la información de lo que está ocurriendo en la Unidad de Víctimas está cada vez más amarrada. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, ha luchado con todas las armas judiciales para conocer detalles de las contrataciones en esa entidad y los datos no han sido compartidos de manera eficaz, lo cual ha desatado toda clase de sospechas.
Cuando se posesionó como presidente, el 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro prometió en la plaza de Bolívar: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de ‘cero tolerancia’. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas”. Sin embargo, pareciera que esas palabras se las llevó el viento. Lo ocurrido con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alarmas que se encienden por lo que estaría ocurriendo en la Unidad de Víctimas son apenas una muestra de ello.
SEMANA contactó al director de la Unidad para que diera respuesta a los graves señalamientos, a lo que su equipo de comunicaciones informó que se encontraba en territorio y no podía atender una llamada de este medio. De igual manera, el senador Gustavo Moreno no respondió a la petición de información.
Mientras las víctimas del conflicto armado en Colombia esperan recibir una atención integral del Gobierno Petro, lo que se denuncia es una auténtica piñata, en la que está comprometido el erario destinado para ese fin, debido a un polémico clan político de Santander al que el país le debe poner la lupa cuanto antes.