El excandidato presidencial Iván Cepeda elevó este jueves, 27 de agosto, una solicitud de competencia de la Comisión de Acusaciones, en medio de un nuevo pulso en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionado con las masacres del Aro, La Granja y San Roque, además del asesinato de Jesús María Valle.

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El político de izquierda aseguró que él actúa como parte civil, en calidad de actor popular, en la investigación que adelanta la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por estos hechos.

Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda Castro protagonizan un nuevo cruce de acusaciones en medio del clima electoral. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

“Defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”, indicó en su trino.

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Nuevo pulso jurídico en el caso contra Álvaro Uribe: Iván Cepeda defendió que la Fiscalía continúe al frente de la investigación. Foto: Getty Images via AFP

Desde hace algunas semanas apareció una nueva discusión jurídica en el caso, sobre quién debería tener la competencia para investigarlo. La defensa de Uribe sostiene que, dado que algunos de los hechos investigados podrían estar relacionados con una conducta que habría terminado en 2003, cuando Uribe ya era expresidente, el expediente debería quedar bajo la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la instancia encargada de investigar a los presidentes por hechos relacionados con su ejercicio en el cargo.

Cepeda, por el contrario, argumenta que es deber de la Fiscalía mantener la competencia y continuar con la investigación.

La competencia para investigar a Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque volvió a generar una disputa jurídica. Foto: NurPhoto via Getty Images

En caso de que la Fiscalía no acepte, la disputa podría irse para la Corte Constitucional, que deberá responder qué entidad debe asumir la competencia del expediente.