Jacinto Alberto Soto, conocido con el alias de Lucas, tiene dos perfiles para la Fiscalía: el primero, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sin mayor relevancia, tanto que fue rechazado en el proceso de sometimiento de la Ley de Justicia y Paz. En el segundo, irónicamente, es el testigo estrella de los crímenes de los paras en el departamento de Antioquia. ¿A cuál creerle?
Alias Lucas denunció hace más de dos años cómo un fiscal en Bogotá, Álvaro León Polo, supuestamente lo presionó para lograr una declaración contra el expresidente Álvaro Uribe. Ese fiscal fue procesado y estaba a las puertas de una imputación, pero la fiscal Luz Adriana Camargo le lanzó un salvavidas, cambiando a la fiscal que investigó las presuntas presiones al testigo. El caso se hizo agua.
“En múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos; de lo contrario, sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa. Garantías que se le solicitaron desde un principio al señor fiscal en esta investigación, pero, para sorpresa nuestra, como no se atendieron esas exigencias del señor fiscal, fue trasladado a la cárcel La Picota”, señala la denuncia.
SEMANA conoció que Jacinto Alberto Soto, el mismo que rechazaron de Justicia y Paz, que denunció presiones de la Fiscalía para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe, ahora fue citado como testigo por la fiscal Gloria Marcela Abadía, la encargada de vincular al exmandatario en la investigación por la masacre de El Aro.
La funcionaria incluyó a alias Lucas en el listado de testigos que espera sumar al proceso contra el expresidente Uribe. La diligencia quedó para el martes 18 de agosto en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, y será presencial. La funcionaria espera desplazarse con su equipo hasta el penal y lograr la declaración de quien aseguró que fue víctima de presiones de la Fiscalía.
La diligencia de declaración forma parte de las actuaciones investigativas que adelanta la fiscal Abadía e incluyó la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, aplazada en dos oportunidades y fijada para el 4 de septiembre. Ahora, esta fiscal espera que alias Lucas sirva de testigo, el mismo que meses antes denunció cómo le pedían hablar en contra del exmandatario a cambio de beneficios judiciales.
En la citación de la fiscal se advierte la necesidad de escuchar en declaración al testigo, así como elementos de prueba que reposan en el proceso contra el expresidente Uribe. Dejan el número de radicado que corresponde justamente a las nuevas actuaciones judiciales por la llamada masacre de El Aro, donde se supone que alias Lucas sería un testigo estrella, así sea él quien denunció presiones de un fiscal para enlodar al expresidente.
La denuncia de Jacinto Alberto Soto contra el entonces fiscal 132 del grupo de compulsa de copias de la Dirección de la Justicia Transicional, Álvaro León Polo, era contundente. Le pidieron declarar en contra del expresidente y, como contraprestación, recibiría algunos beneficios en el inventario de procesos que lo persiguen hace más de 20 años.
Por cuenta de la denuncia de alias Lucas, se abrieron dos investigaciones. Una fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, Luz Samira Rodríguez, recaudó los elementos de prueba, incluso acumuló los procesos y con un solo radicado tomó la determinación de citar a imputación de cargos al fiscal León Polo.
Sin embargo, antes de la diligencia de imputación, una resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo frenó todas las actuaciones. Lo que parecía tan sólido, las presuntas presiones al testigo y con un fiscal como responsable, se estancó en dos argumentos que incluyeron en esa resolución, pero que resultaron falsos.
La resolución 0015 del 23 de enero de 2026 advertía de una duplicidad de la actuación, es decir, que el proceso estaba en dos despachos distintos. En segundo lugar, un supuesto listado de quejas disciplinarias en contra de la fiscal a cargo de investigar a su colega, el presunto responsable de presionar a los testigos.
“En paralelo, se observa que los hechos indagados por las fiscales 101 y 97 delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin que ellas se percataran siquiera de su duplicidad, son de indudable complejidad y demandan concentración para ser atendidos prioritariamente”, señala la resolución.
La realidad estaba lejos de los argumentos de esa resolución. La fiscal Luz Samira logró demostrar que la tal duplicidad de las actuaciones no existía, pues ella misma se encargó de acumular los procesos que cursaban contra el fiscal Álvaro León. El segundo argumento, la “cantidad” de investigaciones disciplinarias contra la fiscal, no resultó ser una “cantidad”.
“Contrario a la imagen que se pretende crear con información falsa, mi gestión ha sido transparente y diligente con una carga actual de 111 procesos y con resultados de alto impacto, como una sentencia condenatoria obtenida en diciembre contra una fiscal especializada y el adelanto de juicio contra otros fiscales”, dijo la fiscal Luz Samira en una carta remitida al despacho de la fiscal general en la que le refutaba los señalamientos.
Funcionarios de la misma Fiscalía advierten que quitarle una investigación a una fiscal usando como argumento los procesos disciplinarios que tiene resulta un despropósito. “En ese orden de ideas, casi todos los fiscales se quedarían sin expedientes”, dicen los funcionarios, tras insistir en que las quejas disciplinarias forman parte de la rutina en la entidad.
Lo que resulta particular es que ahora es la Fiscalía la que vincula al expresidente Álvaro Uribe al proceso por la masacre de El Aro y busca obtener la declaración del testigo que denunció las presiones para declarar en contra del exmandatario. Esa denuncia se quedó en la mitad de la investigación; incluso, advierten fuentes del ente acusador, está por ser archivada.
En otras palabras, un testigo que pidió investigar a un fiscal por ofrecer beneficios judiciales a cambio de entregar declaraciones contra el expresidente Uribe, ahora es convocado por la fiscal que investiga al exmandatario. Pretenden convertirlo en la prueba de una presunta responsabilidad en los crímenes cometidos por las AUC en el departamento de Antioquia, cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador.
Jacinto Alberto Soto fue capturado en 2021 y desde entonces le han sumado expedientes porque, en criterio de la Fiscalía, era clave en la organización criminal liderada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. No tiene condena en firme y, cada que logra sacudirse de un proceso, desempolvan otro con una medida de aseguramiento nueva.
Negarse a entregar declaraciones contra el expresidente Uribe le costó amenazas, traslados de cárcel y la vinculación a más procesos en la Fiscalía. Su familia tuvo que salir del país y busca asilo en Estados Unidos. Su defensa ha tratado de demostrar que no es la cabeza de las AUC como lo quieren hacer pasar. Su colaboración puede ser importante para la justicia, pero no bajo presiones.
