El millonario contrato estatal para el arriendo del edificio Torre Squadra, ubicado sobre la Carrera Séptima, con calle 63, en el norte de Bogotá, donde funciona la Justicia Especial para la Paz, sigue generando dudas en la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, quien ha seguido de cerca la contratación de la justicia transicional que fue creada tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
“Cada día surgen más dudas sobre el edificio Torre Squadra, sede de la JEP desde 2017″, dijo la congresista a través de sus redes sociales.
Contó que en 2017 el gobierno de Juan Manuel Santos y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco seleccionaron este edificio porque estaba amoblado y no requería inversión en dotación de muebles, instalaciones, etc., a diferencia de otras opciones de valor similar.
Sin embargo, “en 2019 la JEP gastó $3.337 millones contratando el mobiliario necesario para las salas de audiencias”.
Ante esto, Posada preguntó: “¿Por qué la Agencia Virgilio Barco no tuvo en cuenta los costos de dotación de las salas de audiencia? Si se hubieran incluido estos costos, ¿Torre Squadra hubiera seguido siendo la mejor opción?”.
Posada contó que detrás del dueño y administrador de Torre Squadra hay 18 empresas del mismo grupo familiar, 13 de las cuales están registradas en Delaware, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. “¿Los recursos del millonario contrato de arrendamiento terminaron en presuntos paraísos fiscales?“.
Precisó que en 2017 el Fondo Colombia en Paz realizó el primer contrato de arrendamiento para la sede de la JEP, que acababa de ser creada. “Su directora era Gloria Lucía Ospina y le encomendó a la Agencia Virgilio Barco seleccionar el edificio. La Agencia, dirigida entonces por Claudia María Luque, solamente negoció con Torre Squadra el valor del inmueble, logrando una reducción del precio inicial, pero no hizo lo mismo con las otras opciones que estaban sobre la mesa. En parte, porque Torre Squadra no requería gastos de dotación”.
Pero dos años después, “la JEP tuvo que pagar 216 ítems para la dotación y adecuación de las salas de audiencia, algo que omitió la Agencia en su análisis inicial. Recordemos que todos los contratos de arrendamiento de Torre Squadra se hicieron por derecho privado, a dedo. La agencia terminó definiendo quién debía ganar. También descartaron varias opciones porque requerían vigencias futuras, pero Torre Squadra terminó comprometiendo estos rubros por más de cuatro años”.
Y remató: “Constructora GAP (propietaria y representada legalmente por Andrés Guillen/Alejandro Gaviria Vallejo) y Juan Gaviria Restrepo & CIA S. A. S. (administradora y representada legalmente por José Fernando Espinal/Camila Gaviria Vallejo/Alejandro Gaviria Vallejo) de Torre Squadra reportan como accionistas a 18 empresas. 13 de ellas están registradas en Delaware, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. 8 de las 9 empresas registradas en Delaware tienen la misma dirección y fueron creadas en fechas similares (octubre 2019), justo después de suscribir el contrato de arrendamiento de Torre Squadra. Tabac SAS controla a Juan Gaviria Restrepo & CIA S. A. S. (administradora) e Inversiones Mantra SAS controla a Constructora GAP (propietaria). ¿Qué hay detrás de esta sofisticada operación empresarial? ¿El dinero del contrato de arrendamiento habría terminado en presuntos paraísos fiscales?“, preguntó Posada.