La discusión sobre el futuro del Ministerio de Igualdad volvió a encenderse en el Congreso de la República. Mientras el Gobierno Petro busca aprobar nuevamente la iniciativa que le da vida a la cartera, la senadora Paloma Valencia radicó una ponencia de archivo que expone, con cifras y documentos oficiales, un presunto entramado de tercerización y contratación por fuera de la Ley 80.
Según la congresista, detrás del “afán por revivir Minigualdad” se esconde la puerta abierta para manejar, “sin licitación y sin trazabilidad”, recursos por 1,9 billones de pesos en pleno año preelectoral.
Valencia sostiene que, a través del Fondo para la Superación de Brechas, creado en Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno diseñó un mecanismo para ejecutar la mayoría del presupuesto del Ministerio bajo reglas de derecho privado.
En la práctica, según la senadora, esto significa contratar sin los procesos ordinarios del Estado, sin publicación en el Secop y sin información clara sobre a quién se vincula, el valor de los montos ni con qué objetivos.
“Dinero listo para gastar como quieran en las elecciones de 2026”, advirtió Valencia en un video publicado en sus redes sociales, en el que denuncia que el Fondo opera sin ley de garantías y con mínima transparencia, pese a manejar transferencias autorizadas por 1,9 billones, según los reportes incluidos en la ponencia de archivo que ella misma firma junto al senador Germán Blanco.
La ponencia detalla, además, una estructura duplicada entre MinIgualdad y la Fiducia que administra el Fondo. Aseguran los senadores de oposición que hay 541 funcionarios en la planta del Ministerio, 191 contratistas por OPS y otros 259 vinculados a través del Fondo, entre contratos laborales y prestación de servicios.
“Una nómina paralela”, advierte Valencia, que se financia con recursos destinados, en teoría, a cerrar brechas sociales, pero que, en la práctica, se han quedado en pagos de comisiones fiduciarias y contrataciones administrativas.
Otro dato crítico que expone la legisladora en el documento radicado es que, en tres años de operación, el ministerio no ha logrado ejecutar ni el 10 por ciento de su presupuesto, mientras los proyectos de inversión muestran avances de apenas 2,7 por ciento a corte de octubre de 2025. Pese a ello, la mayor parte del dinero sí fluyó hacia el Fondo, que se rige bajo derecho privado.
La senadora sostiene que el diseño institucional del Gobierno permite hoy “una sofisticada operación para triangular recursos públicos y ejecutarlos por fuera de la Ley 80, en el que el Minhacienda gira a Minigualdad, Minigualdad transfiere al Fondo, y la Fiducia contrata sin licitación”. Para ella, ese es el verdadero objeto del Ministerio que el Ejecutivo insiste en reactivar.