El debate por el paro en Santander, por cuenta del avalúo catastral, siguió escalando con un cruce de responsabilidades entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.
En ese contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a publicar un mensaje en el que, según él, marca la diferencia entre el avalúo catastral y la liquidación del impuesto predial.
En su primer pronunciamiento, Benedetti buscó aclarar lo que calificó como una confusión generalizada. “Una cosa es el avalúo catastral que hace el Gobierno, y otra cosa es la liquidación del impuesto predial que debe pagar el propietario”, escribió. Según explicó, la responsabilidad de calcular cuánto paga cada ciudadano recae en las alcaldías, no en la Nación.
El ministro enfatizó en que el proceso tiene dos etapas distintas: mientras el avalúo actualiza el valor de los predios, la tarifa del impuesto, y, por tanto, el monto final a pagar, es definida por los gobiernos municipales. “¿Quién liquida? El alcalde. ¿A quién se le paga? A la alcaldía”, insistió.
Benedetti también citó la Ley 1995 de 2019 para advertir que existen límites legales al incremento del predial. De acuerdo con esa norma, el aumento no puede superar el 50 % frente a lo pagado el año anterior, un punto que, a su juicio, debería ser revisado en los municipios donde se han reportado alzas desproporcionadas.
Las declaraciones se dan en medio de protestas en Santander, donde ciudadanos han salido a las calles por el incremento en el cobro del impuesto predial tras la actualización catastral.
Ante esta polémica, Petro no se quedó atrás y sostuvo que el objetivo de la actualización del avalúo es “ponernos al día como ordena la ley” y que el diseño busca que “los ricos paguen impuestos”.
Petro coincidió en trasladar la responsabilidad a los entes territoriales al afirmar que “la situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales”. Incluso, planteó que en un plazo de 15 días los municipios podrían ajustar las tarifas para aliviar la carga de la población más vulnerable.
Sin embargo, el mandatario fue más allá y lanzó una advertencia directa a los alcaldes: quienes no presenten iniciativas para corregir la situación podrían salir de sus cargos por orden presidencial, lo que ha generado controversia jurídica y política.