Gustavo Petro reaccionó a la dura carta en la que algunos vecinos del conjunto Sierras del Moral, ubicado en la carrera séptima con 148, en Bogotá, rechazan que el expresidente viva ahí.
De acuerdo con el comunicado, los habitantes expresaron “preocupación” ante la posibilidad de que el exmandatario establezca su residencia en esta urbanización.
No obstante, dejaron en claro que hasta el momento no cuentan con documentación que confirme que el líder de la oposición está negociando algún contrato para arrendar un apartamento del sitio.
Al respecto, el expresidente no se quedó callado y, muy a su estilo, se pronunció a través de su cuenta de X. En un corto mensaje, Petro dejó en claro que tiene derecho a mudarse al sitio que él desee, sin que haya algo que se lo impida.
“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera”, escribió el expresidente, un mensaje que rápidamente se ha hecho viral.
En la misiva, los vecinos del conjunto explicaron que llevaron a cabo una búsqueda en el registro oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y allí evidenciaron que el exmandatario figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
“Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, señaló.
En ese sentido, le pidieron a los propietarios que puedan llegar a participar en una negociación con el expresidente que se asesoren bien antes de llegar a algún acuerdo o tomar cualquier decisión.
Asimismo, los habitantes de Sierras del Moral dejaron en claro que reconocen que la inclusión en la lista OFAC, en la que se encuentra el exjefe de Estado, no equivale a una condena penal ni establece una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia.
“Nuestra posición busca que cualquier decisión se adopte con información verificable, respeto por los derechos de las personas y consideración por la comunidad”, agregaron.