El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, y el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, junto con otros congresistas, entre los que estaba la congresista Carol Borda, radicaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir las prácticas médicas relacionadas con la intervención de género o el cambio de sexo en menores de edad.
Según argumentó Forero, el enfoque está en establecer un régimen sancionatorio para quienes incumplan esta prohibición, es decir, médicos y hospitales.
La iniciativa busca prohibir en menores de edad el uso de bloqueadores de la pubertad, procedimientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género.
Forero afirmó que, más allá de la posición que cada congresista pueda tener sobre lo que se ha denominado recientemente “ideología de género”, que ha generado gran debate en el país, lo que se busca con este proyecto es que se discuta esta prohibición desde el ámbito de la salud.
El senador reconoció que hay lineamientos de la Corte Constitucional que no se pueden desconocer y por eso quieren dar el debate ciñéndose a lo que se ha establecido.
“Lo que estamos buscando es que prime un criterio de prudencia médica donde se reconozca que hay limitaciones de información científica de que hay efectos irreversibles en las personas que son sometidas a este tipo de tratamientos y que un niño debe tener una protección especial”, dijo Forero.
El senador mencionó que en otros países ya se ha abordado el tema. Uno de los antecedentes es que en Suecia decidieron frenar este tipo de procedimientos; asimismo, instituciones y gremios en Estados Unidos estarían recomendando no hacer estos tratamientos hasta después de los 19 años.
En Colombia está el caso de Laura, quien cuando tenía 15 años quiso cambiar de género y le realizaron en una clínica del Valle del Cauca un tratamiento médico con hormonas; sin embargo, posteriormente ella cambió de opinión. Su familia demandó argumentando que se habría tratado de un error en el procedimiento y las recomendaciones médicas.
En ese sentido, el proyecto busca que los médicos que presten, ordenen, practiquen o ejecuten alguno de los procedimientos prohibidos incurran en falta grave contra la ética médica, por lo que esta conducta pasaría a ser investigada y sancionada según lo establecido en la Ley 23 de 1981 y podría llegar a la suspensión del ejercicio de la medicina por un término máximo de cinco años en caso de reincidencia.