El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, activó la estrategia internacional con la que pretende frenar el recorte presupuestal en el alto tribunal de paz anunciado por Abelardo De La Espriella; además, busca evitar una reforma constitucional que impondría una revisión a las decisiones de la entidad por parte de la Justicia Penal Militar.
En materia de recursos, el jefe de Estado le dio el visto bueno a la propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, para restarle 100.000 millones de pesos a la cartera de la JEP y entregarlos al Consejo Superior de la Judicatura, justificado en los resultados del Jurisdicción, los cuales han generado polémica en algunos sectores políticos del país.
En cuanto a la reforma, en la Comisión Primera del Senado se impulsa un cambio en la Constitución para que algunas decisiones del tribunal de paz sean revisados judicialmente por la Justicia Penal Militar, exclusivamente las emitidas en contra de integrantes de las Fuerzas Militares. Esta propuesta ha causado un terremoto mediático en Colombia porque, a juicio de la JEP, eliminaría su naturaleza.
Frente a este escenario, Ramelli le envió una comunicación escrita a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que respalde la “independencia, autonomía y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Esta no será la primera carta, también se remitirán otro parte a la Organización de Naciones Unidas y demás organismos que acompañan la implementación del acuerdo de paz.
Esta es la interpretación del presidente de la JEP: “Las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional”. Entre tantas cosas, se afectaría la protección de las víctimas testigos, intervinientes y operadores judiciales.
Sus críticas fueron más allá: “Las medidas descritas resultan incompatibles con los compromisos asumidos por el Gobierno de Colombia en el artículo 1 del acuerdo de cooperación. El Gobierno se comprometió a continuar apoyando los procesos ante la JEP y, en particular, a salvaguardar su marco constitucional y legislativo y su estructura. (...). Por su parte, someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el acuerdo”.
En consecuencia, Ramelli le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acompañe sus alertas y acompañe, en el marco de sus competencias, las exigencias del alto tribunal de paz, así como evitar que “las iniciativas descritas obstaculicen el mandato de la JEP, el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.