Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, radicó un proyecto de ley para crear un bloque de búsqueda especializado contra las redes de tráfico de drogas que operan en colegios, parques y escenarios deportivos. De aprobarse, la unidad sería coordinada por el Ministerio de Justicia.
El objetivo de la iniciativa es que un grupo de alto nivel persiga no solo a las personas que venden las sustancias ilícitas en esos espacios, también a los proveedores, distribuidores y financiadores para que puedan ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y sean condenados por esas conductas.
Por otro lado, el plan establecería perímetros de protección de hasta 300 metros alrededor de colegios, parques y escenarios deportivos, que podrían ampliarse hasta 500 metros, cuando exista un riesgo especial sustentado técnicamente. La vigilancia se concentraría en los puntos y horarios con mayor amenaza.
Simón Molina, del movimiento político de Creemos, describió desde el Congreso que el proyecto busca articular capacidades de patrullaje e investigación de la Policía, la dirección de la Fiscalía en las investigaciones y la coordinación de las alcaldías para atacar las redes completas y sus fuentes de financiación.
“El Estado tiene que perseguir al criminal que sale a venderles droga a nuestros hijos. Vamos por el que vende, por el que la surte y por el que cobra. Lo que pretendemos es que se creen zonas de cero tráfico de drogas, que las familias y los menores se sientan en un entorno protegido”, comentó el representante a la Cámara.
En otro apartado del posible articulado se contempla recuperar parques y escenarios deportivos afectados por estas estructuras, acompañando los operativos con acciones como reparación de alumbrado, mantenimiento y actividades deportivas y culturales. Además, prevé medidas para proteger la identidad de denunciantes y activar rutas de atención para menores utilizados por organizaciones criminales.
“Cada alcalde tendría un plazo de seis meses para identificar los puntos que requieren intervención y definir prioridades junto con la Policía. El proyecto también establece seguimiento posterior para evitar que los expendios reaparezcan o simplemente se trasladen, además de rendición de cuentas sobre puntos desmantelados, capturas y menores protegidos”, concluyó Molina.