El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, amplió los hallazgos sobre una auditoría forense en Prosperidad Social, la cual arrojó presuntos hechos de corrupción que encendieron las alarmas de la administración del presidente Abelardo De La Espriella.
En una declaración que dio desde la Casa de Nariño, indicó que la preocupación radica en dos puntos clave. El primero tiene que ver con un billón vinculado a convenios y fiducias.
Mientras que el segundo punto tiene que ver con 900 contratos por prestación de servicios, los cuales se habrían celebrado sin una necesidad verificada.
“Prosperidad Social está abriendo las cuentas, revisando contratos y siguiendo la ruta del dinero público. Lo encontrado hasta ahora exige respuestas. Estamos hablando de cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos cuya información, soportes, legalización o cierre deben ser establecidos. Un billón de pesos”, expresó Soto.
Y avanzó en su intervención: “Hay más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada, contratos de altos montos cuya ejecución se concentró durante la campaña presidencial, donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 sin suficiente claridad sobre sus beneficiarios finales y nombramientos cuyos requisitos legales se están investigando. Contrataron, entregaron donaciones, dejaron recursos en fiducias y multiplicaron contratos”.
“Ahora tendrá que explicarlo peso a peso qué hicieron con la plata de los colombianos; que nadie lo dude. Si bien esta investigación está en etapa de verificación y se debe respetar el debido proceso, este Gobierno no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción. Lo que tenga incidencia fiscal, disciplinaria, administrativa o penal será documentado y entregado a las autoridades competentes”, insistió Miller Soto.
También afirmó: “Si se establece que se desviaron recursos o se los apropiaron, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espiella hará uso de todos los instrumentos a su alcance legales que estén disponibles para recuperarlos y para hacer que los responsables respondan y paguen las consecuencias como en efecto corresponde”.
“Porque se trata de recursos de los colombianos, recursos que deben emplearse en quienes los necesitan. Y para este Gobierno la plata del pueblo es sagrada”, concluyó Miller Soto, vocero del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.