La opinión pública desempolvó un proyecto de ley que presentó David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, para que se obligara a los candidatos presidenciales a asistir a debates públicos durante el período de la campaña electoral.
Aunque la iniciativa no prosperó, nuevamente se sacó a la luz pública porque el aspirante a la Casa de Nariño por ese movimiento de izquierda, Iván Cepeda, se niega a medirse con los demás competidores en esos espacios.
Este era el objetivo del plan de Racero: “La presente ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad para los candidatos a la Presidencia de la República de participar en debates públicos durante el periodo de campaña, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado los programas de gobierno radicados ante la organización electoral o quien haga sus veces”.
La idea era que, por lo menos, los candidatos asistieran a un debate en la primera vuelta. En el caso de una segunda vuelta, se sumaría otro debate. Incluso, el congresista del Pacto Histórico planteó cómo se desarrollaría: “Los debates se realizarán a las 20:00 horas el domingo inmediatamente anterior a los comicios electorales. Los debates obligatorios serán realizados y emitidos por el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC. Además, RTVC coordinará y pondrá a disposición de todos los medios de comunicación social, públicos y privados del país, las señales radiofónicas y televisivas de forma gratuita para que estas transmitan obligatoriamente el debate de forma simultánea”.
En el escenario de que los candidatos no asistieran a los debates, se anticipó las sanciones en las que incurrirían. Por ejemplo, se cancelarían los espacios en los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético; una reducción del 25 % en la reposición de los votos; y que, durante la transmisión, “permanecerá vacío el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato que falte, a fin de denotar su ausencia”.
Si bien este proyecto no avanzó, algunos congresistas de la Alianza Verde, aliados del petrismo, presentaron su propio documento para obligar a los presidenciables a acudir a los debates, pero también a los aspirantes a las gobernaciones y alcaldías.
En el caso de los candidatos a la Presidencia, “los debates se realizarán dentro de los quince días calendario anteriores a la fecha de la votación, con exclusión de los días viernes y sábado, en horario AAA o franja prime”. Al igual que el proyecto de Racero, se aplicarían las mismas sanciones. Este proyecto se mantiene activo y ya superó la primera de las cuatro discusiones.
Los debates presidenciales para esta contienda electoral están en veremos. El puntero de las encuestas, Iván Cepeda, se niega a acudir a los espacios. Para no desgastarse, los asesores de los competidores de la derecha, aparentemente, no recomendarían que asistieran a las conversaciones.