Bruce Mac Master, quien hasta hace algunas horas era presidente de la Andi, no tuvo la mejor relación con el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Desde el inicio de la administración, existía una tensión entre ambos actores: por un lado, el Gobierno, que llegaba con varios cambios y garantías para los empresarios; y, por el otro, el gremio empresarial más grande del país.
Durante las últimas semanas, la presión sobre Mac Master por su continuidad al frente de la Andi aumentó, pues muchos de los agremiados no se sentían cómodos en un grupo que mantenía tensiones con el Gobierno, en medio de un escenario altamente preocupante tras los efectos del pasado Gobierno de izquierda sobre las empresas y la necesidad de recuperarse.
La salida de Coca-Cola FEMSA del gremio, además de las de Incauca y otras grandes compañías, dejó ver la molestia interna. Sin embargo, esta no es la única pelea que se ha desatado con los gremios ni la única muestra de las tensiones que han existido con el Gobierno.
En el pasado también hubo un episodio de tensiones con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en la que fue nombrada por apenas unas horas Carolina Soto, una economista reconocida, excodirectora del Banco de la República, exviceministra de Hacienda y quien ha ocupado otros cargos de alto nivel. A muchos de los agremiados no les gustó la relación que podría mantener con el Gobierno, dada su cercanía con el exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, quien es su esposo.
Tras esta situación, muchos se preguntan por los efectos que estas tensiones podrían tener sobre la autonomía de los gremios en el país. William Hernández, director de la maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, se refirió a esta situación.
Respecto de la posible afectación de la libertad de asociación o del derecho de participación de los particulares en la formulación de políticas públicas, aseguró que no cree que la renuncia permita hablar de una vulneración de la libertad de asociación.
“El Gobierno tiene todo el derecho de decidir con quién se reúne y quiénes son sus interlocutores. El problema jurídico aparecería si esa decisión deja de ser simplemente una definición de interlocución y se convierte en una forma de incidir sobre quién debe dirigir un gremio privado. La Andi tiene autonomía para escoger sus representantes y el Estado debe respetarla. En materia de participación ocurre algo parecido: los gremios tienen un papel importante en la discusión de las políticas públicas, pero eso no significa que el Gobierno esté obligado a recibir a un determinado dirigente”, precisó.