El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre una decisión de gran trascendencia para el magisterio. “Mi Gobierno tomó una decisión histórica: no prorrogar el contrato del Fomag con Fiduprevisora, después de 36 años y 43 otrosíes. ¡Se acabó la alcagüetería!“, dijo.
Y detalló: “Encontramos un Fondo con un patrimonio negativo reportado de más de 3,1 billones de pesos, graves deficiencias en la atención médica, retrasos en los pagos y maestros obligados a luchar por servicios de salud que les corresponden por derecho”.
El primer mandatario detalló la corrupción que encontraron en ese organismo. “Voy a decir algo que durante años se ha denunciado y que debe investigarse hasta las últimas consecuencias: el reparto político del Fomag y la existencia de cuotas millonarias que habrían beneficiado a políticos, abogados y a quienes respaldaban los nombramientos en posiciones de poder en la entidad”, dijo.
Y agregó: “Esas denuncias no pueden seguir sin respuestas. Si hubo políticos, abogados, funcionarios o contratistas que utilizaron los recursos de los maestros para pagar favores y alimentar redes clientelistas, tendrán que responder ante la justicia, caiga quien caiga”.
El primer mandatario formuló unas preguntas y aseguró que contratará una auditoría forense para resolverlas y detectar irregularidades: ¿Quién responde por semejante desastre?, ¿quién permitió que esto sucediera?, ¿quién vigilaba los recursos?, ¿quiénes se beneficiaron? Y advirtió que los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
“¡Los recursos de los maestros son sagrados! No son el botín de los políticos, los abogados, los contratistas ni los burócratas. Garantizaremos la continuidad de los servicios de salud y las prestaciones del magisterio mientras adelantamos una transición transparente, hacia un nuevo esquema de administración”, concluyó.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, había hecho el anuncio de esta medida el viernes. El gobierno no renovará el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S. A., cuyo vencimiento formal se cumple este 31 de octubre de 2026.
“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia”, señaló la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.
“Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas. La salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger”, agregó la ministra de Trabajo, Natalia López.
El Gobierno confirmó que a partir del 1 de noviembre de 2026 entrará en vigor un plan de transición de un año, prorrogable por doce meses adicionales, para realizar los ajustes administrativos y operativos de fondo tras finalizar el contrato con Fiduprevisora.