Varias ampollas ha levantado la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, al revelar las audiencias reservadas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que se puede ver la actitud que han tenido en algunos momentos los magistrados del tribunal especial y el trato hacia los excomandantes de las Farc.
Posada compartió que la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien hizo parte de la JEP, le envió una solicitud de rectificación por revelar esas audiencias.
“Recibí solicitud de rectificación por parte de Iris Marín, defensora del Pueblo y exmagistrada auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko. No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP”, dijo la senadora.
Posada dejó constancia de lo que considera que sería un “ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo” que, según ella, afecta su seguridad y la expone “a una situación de riesgo mayor”.
La senadora le respondió a través de una carta a Marín y cuestionó que la defensora del Pueblo haya salido “con celeridad” a defender a la JEP, pero que no haya actuado con la misma rapidez para pronunciarse sobre los militares que no han aceptado su responsabilidad en los hechos que investiga el tribunal especial.
“No ha reprochado que las Farc dejaron de entregar el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los muebles que se comprometieron a dar para reparar a las víctimas, ni se ha pronunciado sobre la tercerización que realizaron con el PNUD para ejecutar 201.467 millones de pesos con total opacidad”, cuestionó Posada.
En la comunicación que le envió la senadora a la defensora, rechaza que se busque someter sus opiniones y recalcó que, como congresista, representa los intereses de los ciudadanos para hacer control político.
“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, indicó.
Posada aclaró que una cosa es rectificar una información falsa y otra que se abandone el juicio crítico porque incomoda a funcionarios; también que la Constitución Política protege el disenso.
“Me ratifico en mi apreciación sobre las imágenes divulgadas. Considero impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces. Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima”, afirmó Posada.