La confrontación entre la senadora del Centro Democrático María Clara Posada y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alcanzó este fin de semana un nuevo punto de tensión. Luego de que el tribunal le solicitara formalmente rectificar de públicamente sus declaraciones sobre un presunto gasto desmedido en viáticos, la congresista respondió a través de sus redes sociales, ratificó sus afirmaciones y anunció nuevas denuncias.
La controversia se originó tras una denuncia presentada por la congresista, en la que asegura que la JEP destinó 56.435 millones de pesos entre los años 2020 y 2026 a la financiación de tiquetes, viáticos y traslados tanto nacionales como internacionales.
Ante la exigencia de rectificación del tribunal, Posada enfatizó que los datos provienen directamente del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y de los informes oficiales de austeridad de la propia institución, y descartó que se trate de cifras inventadas.
En su pronunciamiento en redes sociales, la senadora arremetió contra lo que denominó “turismo judicial”, y recordó episodios previos denunciados por medios de comunicación.
Entre ellos, recordó un viaje realizado por magistrados a un exclusivo hotel en Palomino, con el propósito de “tomar decisiones estratégicas”. De igual forma, cuestionó la necesidad de los desplazamientos internacionales en la era digital y señaló, de manera irónica, que el tribunal parece desconocer herramientas tecnológicas de virtualidad que evitarían estos gastos.
“Pareciera que la JEP todavía no ha descubierto que existe Zoom. Pero, claro, por Zoom no hay tiquetes, hoteles ni viáticos que cobrar”, señaló la congresista del Centro Democrático.
Posada también denunció opacidad por parte de la JEP en la entrega de información pública. Según afirmó, radicó un derecho de petición para conocer el desglose e informes de todos los viajes al exterior, pero, tras casi un mes de espera, sigue sin recibir respuesta.
Ante este escenario, anunció un plan de fiscalización que incluirá la revisión detallada de las auditorías de la Contraloría General de la República y la evaluación de la relación costo-beneficio y las justificaciones de cada desembolso.
“Revisaré las auditorías de la Contraloría, los informes de cada viaje y cada desembolso, comparando costos, precios de mercado y justificaciones. Los recursos públicos exigen transparencia, no evasivas”, indicó la senadora.
La legisladora ratificó su compromiso con la defensa de las garantías procesales de los miembros de la Fuerza Pública y sostuvo que existen asimetrías, debido a que varios militares enfrentan condenas severas mientras antiguos integrantes de las Farc gozan de libertad.
Finalmente, la senadora afirmó que mantendrá su labor de control político sin temor. “El lunes presentaré nuevas denuncias sobre la JEP. Me alegra que intenten amedrentarme. Así comprendo mejor lo que han vivido tantos militares que han comparecido ante ustedes. Seguramente arreciarán las amenazas que me han hecho quienes necesitan a la JEP para garantizar su impunidad. Pero aquí seguimos. Sin miedo y sin intención de callarnos”, dijo.
La Jurisdicción Especial para la Paz emitió un comunicado este sábado en el que rechazó las acusaciones sobre un supuesto “turismo judicial” y el uso indebido de recursos públicos.
El tribunal subrayó que su gestión ha sido auditada por los órganos de control. Además, hizo un llamado a un debate riguroso y solicitó una rectificación pública, al manifestar que “rechaza de manera categórica las mentiras y afirmaciones dirigidas a desinformar, desacreditar, deslegitimar y confundir […] con el fin de desfinanciar y modificar su período constitucional”.