La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones sobre un supuesto “turismo judicial” y el uso indebido de recursos públicos.
La polémica surgió a raíz de las declaraciones de la senadora María Clara Posada, quien afirmó que la JEP había gastado 56.435 millones de pesos en 75 viajes internacionales que calificó como lujosos.
“Anoche la JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las Comisiones Económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han venido haciendo estos años”, dijo en su momento la senadora.
Anoche la JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las Comisiones Económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han venido haciendo estos años. Además de gastar $23.963 millones en tiquetes, la JEP ha desembolsado $32.472 millones en viáticos y gastos de viaje para sus funcionarios y contratistas. Solamente entre 2022 y 2025 (Gbno Petro) este último rubro creció 191%. El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país $56.435 millones entre 2020-2026 e incluye destinos como Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París. Mientras las víctimas han tenido que ver cómo las Farc caminan libres por el país y son premiados con curules 8 años en el Congreso, los funcionarios encargados de impartir justicia se han dedicado a acumular millas. Abro hilo:
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) September 24, 2026
Según el informe expuesto por la congresista, la JEP habría invertido $23.963 millones en la compra de tiquetes aéreos y otros $32.472 millones en viáticos y costos de desplazamiento de empleados y contratistas. De acuerdo con Posada, este último concepto registró un incremento del 191 % entre 2022 y 2025.
“El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país”, manifestó la legisladora. Asimismo, en su publicación señaló varios destinos nacionales e internacionales, entre ellos Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París.
Al respecto, la JEP aclaró que esa cifra no corresponde a traslados al exterior, sino a la inversión total destinada a más de 21.000 actividades judiciales y misionales ejecutadas en 337 municipios del país entre 2018 y 2026.
La entidad enfatizó que los 56.435 millones de pesos “comprenden la totalidad de la inversión de soporte de actividades judiciales y misionales en 337 municipios de 31 departamentos del país”, se lee en el comunicado.
Atención 📍 La @JEP_Colombia desmiente la información difundida sobre gastos institucionales de traslados, viáticos y tiquetes por $56.435 millones. Estos recursos corresponden a más de 21.425 actividades judiciales y misionales desarrolladas en 337 municipios del país entre 2018 y 2026, no a “turismo judicial”.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 17, 2026
Asimismo, la institución subrayó que su gestión ha sido auditada por los órganos de control: “Luego de realizadas siete auditorías de la Contraloría General de la República y catorce informes entregados a la Procuraduría General de la Nación, la JEP no registra hallazgos disciplinarios, fiscales o penales”, señaló la entidad.
En cuanto a los desplazamientos fuera del país, la JEP precisó que solo el 1,13 % de los gastos en tiquetes se destinó a pasajes internacionales, correspondientes a 61 comisiones oficiales, y no 75, a lo largo de su funcionamiento.
Frente a los cuestionamientos específicos sobre las agendas cumplidas en Europa por directivos de la entidad, el comunicado señaló que “este itinerario de trabajo en Europa respondió a invitaciones formales de organismos internacionales y de agenda de cooperación judicial, y fue anunciado públicamente”.
Finalmente, la Jurisdicción hizo un llamado a un debate riguroso y solicitó una rectificación pública, manifestando que “rechaza de manera categórica las mentiras y afirmaciones dirigidas a desinformar, desacreditar, deslegitimar y confundir [...] con el fin de desfinanciar y modificar su período constitucional”.