El Gobierno nacional anunció una nueva medida dentro de su estrategia para recuperar el control de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados como plataformas para la coordinación de actividades criminales.
Esta vez, 39 internos recluidos en Barranquilla fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en diferentes regiones de Colombia.
La operación fue realizada por las autoridades penitenciarias con el respaldo de la Fuerza Pública y, según explicó el presidente Abelardo De La Espriella, forma parte de las acciones encaminadas a impedir que los integrantes de organizaciones delincuenciales mantengan su capacidad de mando mientras permanecen privados de la libertad.
El mandatario sostuvo que uno de los principales objetivos es cortar las redes de comunicación utilizadas por los grupos criminales para mantener contacto con sus estructuras externas.
La preocupación de las autoridades está relacionada, entre otros delitos, con la posibilidad de que desde las cárceles se impartan instrucciones para ejecutar extorsiones, intimidaciones y otras acciones contra ciudadanos.
“Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales”, afirmó De La Espriella al referirse al traslado de los internos.
La medida adquiere especial relevancia en Barranquilla y su área metropolitana, donde las autoridades han enfrentado durante los últimos años la presencia y las disputas entre diferentes estructuras dedicadas a actividades como la extorsión y el tráfico de estupefacientes.
En ese escenario, el control de las comunicaciones de los internos se ha convertido en uno de los frentes de la política penitenciaria y de seguridad.
El Gobierno sostiene que el traslado de los reclusos a cárceles de mayor seguridad permitirá reducir las posibilidades de que continúen ejerciendo influencia sobre integrantes de sus organizaciones desde los establecimientos donde estaban recluidos.
De La Espriella insistió en que su Gobierno no permitirá que las cárceles sean utilizadas como centros de operaciones de las organizaciones criminales. “La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”, manifestó.
Para el Ejecutivo, el mensaje es claro: la cárcel debe significar el cumplimiento efectivo de una medida judicial y no convertirse en un espacio desde el cual las organizaciones criminales puedan continuar operando.
“En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito”, reiteró el presidente, al defender la intervención de las autoridades penitenciarias y de la Fuerza Pública en Barranquilla.