En la mañana de este 6 de julio, la Academia Nacional de Medicina (ANM) presentó al equipo de salud del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, una serie de recomendaciones y propuestas para que se pueda recomponer y reorientar el sistema de salud, fuertemente golpeado por las decisiones tomadas por el actual Gobierno de Gustavo Petro.
Durante 8 meses y con 14 grupos especializados, se hizo la propuesta que incluyó la participación de aseguradoras, asociaciones de pacientes, prestadores de servicios de salud, asesores jurídicos, auditoras, economistas, educadores, farmacéuticas y secretarios de salud.
Esta propuesta buscaría que se genere un colapso de la red hospitalaria y con ello que no se pueda garantizar la atención a los pacientes, que a su vez los pondría en riesgo.
El primer punto que proponen es el del aseguramiento y financiación. Aseguran que es importante que se cree un fondo estatal para manejar los recursos de la salud. El Estado sería el único asegurador del sistema y los recursos dejarían de ser administrados por las EPS. Estas no desaparecerían, pero cambiarían de función y pasarían a ser gestoras del riesgo en salud.
En segundo lugar, buscarían unificar los dos regímenes de salud. La propuesta es la de eliminar el régimen contributivo y subsidiado. Con ello, todos los colombianos tendrían el mismo paquete de beneficios en salud.
En tercer lugar, se propone un plan de choque urgente. La Academia asegura que la red hospitalaria enfrenta una crisis financiera y propone inyectar recursos para evitar cierres de hospitales y garantizar la atención de los pacientes más críticos.
Frente a los presupuestos, precisan que el dinero sí alcanzaría para poder soportar el sistema, esto dado que Colombia invierte entre 150 y 160 billones de pesos al año en salud, cerca del 9 % del PIB. Esto significa que el problema principal no es la falta de recursos, sino la ineficiencia y la corrupción. Incluso estiman que hasta el 25 % de los recursos se pierde por ineficiencia.
En quinto lugar, proponen que se fortalezcan las entidades de control, sugiriendo dar mayor capacidad técnica y de vigilancia al Ministerio de Salud, la Adres, la Supersalud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud. También buscan que el valor de la UPC se defina por un organismo técnico e independiente.