En respuesta a un comunicado de prensa compartido por la Federación Médica Colombiana, en el cual manifestó su posición frente a la reforma a la salud, el exministro Fernando Ruiz manifestó sus dudas sobre la representatividad de esa organización.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario sostuvo que en la actualidad la Federación Médica Colombiana no es la única que agrupa las posturas de los profesionales de la medicina en territorio nacional.

“La Federación Médica Colombiana debería ser más cuidadosa cuando se atribuye reunir al cuerpo médico del país suplantando a otras asociaciones mucho más representativas”, aseguró el exministro Ruiz.

Y advirtió que es importante que esa organización indique hasta qué punto está en capacidad de abanderar las posiciones del gremio médico. “Por tanto, es muy indelicado usar el término Junta Médica Nacional. Deberían revelar de una vez cuántos miembros activos tienen”, concluyó el exfuncionario, quien ha sido uno de los opositores más acérrimos de la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno en el Congreso de la República.

No se trata, sin embargo, de la primera vez que la Federación Médica Colombiana es objeto de críticas. Durante la administración de la exministra de Salud, Carolina Corcho, ya habían señalado los supuestos privilegios que tenía esa organización, pues ella misma había sido su vicepresidenta.

Ahora, algunos sectores médicos le han reclamado a la Federación su cercanía con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La exministra Carolina Corcho fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. | Foto: GUILLERMO TORRES

En efecto, en el comunicado publicado este 1 de junio y firmado por la Junta Médica Nacional, que está constituida por varias organizaciones del gremio (incluida la Federación Médica Colombiana), esa instancia señaló que le brindará al Estado todo el apoyo técnico y profesional que esté a su alcance.

Entre otras cosas, señaló que está defendiendo un decálogo que ya había sido constituido desde el año 2018 y que contiene algunos principios básicos de lo que, consideran, debería ser reformado dentro del sistema de salud colombiano.

Las organizaciones que firmaron el comunicado respaldan la idea de quitarles la intermediación financiera en el sistema de salud a las EPS. | Foto: Gestarsalud

“Este Decálogo establece la necesidad de eliminar la intermediación financiera como la causa estructural de la profunda crisis del sistema; salvaguardar la rectoría, dirección y coordinación de la politica de salud pública al Estado; incrementar la participación de la sociedad civil; organizar la atención integral en salud bajo el principio de equidad y criterio epidemiológico territorial; fortalecer todaslas redes de prestadores en salud, de manera especial, la red pública y los hospitalesuniversitarios”, sostuvo la Junta Médica Nacional.

A su vez, manifestó que otra de sus bandera es que la nueva legislación busque fortalecer el manejo público de los recursos de la salud por medio de un pagador único, que en el caso de la reforma a la salud sería la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Y resaltaron la importancia de hacer que la Superintendencia Nacional de Salud sea fortalecida, opere con independencia del Ministerio de Salud y consiga facultades para ejercer las labores de suspensión y sanción de los actores del sector que no cumplan con los deberes que tienen de garantizar el acceso a la atención sanitaria de los pacientes.

Pero también indicaron que los trabajadores de la salud deben estar en el centro de las nuevas políticas públicas. Por ello, argumentaron que se debe trazar una legislación clara y decidida con el fin de que todo el personal sanitario, incluidos los internos y residentes, tenga garantías de condiciones laborales dignas como estabilidad y una remuneración adecuada.

La Junta Médica señaló que es importante mejorar las condiciones del personal sanitario en Colombia. | Foto: Libre de derechos

Por último, resaltaron “la necesidad de implementar una fuerte y decidida política pública para el control del precio de los medicamentos e implementar un sistema único e integral de información en salud, transparente, en linea, y que garantice la confidencialidad de la información”.