El presidente Gustavo Petro aseguró en consejo de ministros este 16 de junio que su gobierno identificó un presunto vínculo entre procesos de auditoría relacionados con la Nueva EPS y Coosalud, en el marco de una investigación sobre el manejo de recursos públicos.
Durante sus declaraciones, afirmó que se descubrió un “link terrible” entre la auditoría de la Nueva EPS y la auditoría de Cooosalud. Según indicó, los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una denuncia formal.
Petro sostuvo que las investigaciones habrían permitido establecer un mecanismo mediante el cual recursos públicos entregados a Coosalud terminaron transformándose en cuentas en el exterior a nombre de determinadas personas.
Aunque no reveló identidades durante su intervención, señaló que posteriormente se darían a conocer más detalles sobre los involucrados.
El jefe de Estado también afirmó que existe una investigación en curso que, por disposición legal, corresponde adelantar a la Fiscalía. No obstante, señaló que parte de la información puede ser divulgada públicamente.
¿Lavado de activos?
Petro aseguró que el dinero de Coosalud habría sido objeto de operaciones de lavado de activos a través de una presunta “pirámide empresarial” que, según dijo, beneficiaba al gerente de la entidad.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a declaraciones del mandatario y se espera que las autoridades competentes determinen el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades derivadas de la investigación.
Cuestionó a algunos de sus interventores
En su intervención, Petro también cuestionó la actuación de algunos interventores designados bajo las normas vigentes. Según afirmó, varios permanecieron vinculados a intereses particulares y negocios que debían vigilar, pese a haber sido nombrados durante la administración del anterior superintendente de salud, quien ejerció el cargo al final del gobierno de Iván Duque.
El mandatario aseguró que, en el caso de la Nueva EPS, existían facultades legales para terminar determinados contratos de auditoría, pero que estos habrían sido mantenidos pese a presuntas irregularidades.
Durante la presentación de los hallazgos, también se aseguró que existió un mecanismo mediante el cual se ocultaron pasivos de EPS y se utilizaron recursos públicos.
Según lo expuesto, cerca de 45 millones de facturas habrían sido nuevamente radicadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para reclamar pagos, pese a que, según las denuncias, se trataría de facturas sin sustento.
Asimismo, se señaló que algunas de las cuentas involucradas tendrían carácter inembargable y que habrían sido utilizadas como respaldo para operaciones de crédito.
Los involucrados
En el análisis presentado al presidente y a los integrantes del gabinete también se informó sobre la identificación de 83 profesionales dedicados a la contaduría, quienes aparecen relacionados dentro de las investigaciones y verificaciones realizadas por las autoridades.
En medio de las denuncias, también fue mencionado Ricardo Castellanos Santander, a quien se señaló como uno de los mayores operadores del negocio de medicamentos en Colombia.
Según lo expuesto, sus actividades contractuales alcanzarían los 35 billones de pesos, una cifra que, de acuerdo con las declaraciones presentadas, supera los presupuestos administrados por la mayoría de los ministerios, con excepción de las carteras de Educación y Salud.
Asimismo, se aseguró que las investigaciones permitieron establecer que cinco billones de pesos de recursos públicos destinados a los colombianos se encontrarían en fondos internacionales.
Esta situación fue presentada como uno de los hallazgos más relevantes dentro de las verificaciones realizadas sobre el manejo de dineros relacionados con el sistema de salud y la contratación de medicamentos.