El tribunal le ordenó al presidente abstenerse de utilizar los recursos, bienes, canales, escenarios y plataformas vinculados a su investidura y al ejercicio de sus funciones, incluidas las alocuciones.
El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas contra el presidente Gustavo Petro y, como medida provisional, ordenó al mandatario abstenerse de utilizar los recursos y escenarios propios de su investidura para intervenir en la campaña presidencial mientras se resuelve de fondo el proceso.
La determinación, firmada por la jueza Anny Carolina Goenaga Peláez, señala que Petro deberá abstenerse de emplear “recursos, bienes, canales, plataformas y escenarios vinculados al ejercicio de la Presidencia para difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a favorecer o desfavorecer, directa o indirectamente, a cualquiera de los candidatos que participan en la contienda”.
La orden también incluye las alocuciones oficiales, los eventos públicos, los escenarios nacionales e internacionales en los que participe el presidente y la cuenta de X @petrogustavo cuando sea utilizada como instrumento del ejercicio de la función pública.
La decisión también le prohíbe difundir afirmaciones sobre un eventual fraude electoral que carezcan de evidencia “sólida y razonable”.
La jueza recordó que el Consejo de Estado ya había ordenado al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos.
El despacho sostuvo que tales actuaciones podrían afectar las condiciones de igualdad entre los candidatos y, eventualmente, incidir en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente, así como en la legitimidad del proceso electoral.
Adicionalmente, la jueza ordenó notificar a la Presidencia de la República y solicitó información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre procesos relacionados con una presunta participación indebida en política.
De acuerdo con el juzgado, el incumplimiento de la medida provisional podría dar lugar a sanciones por desacato. Entretanto, el presidente tendrá dos días para pronunciarse sobre la tutela, mientras el juzgado avanza en el estudio de fondo del caso.