En medio de un álgido panorama para el sector de la Salud en Colombia, tras el declive del sistema, impulsado tras las decisiones del anterior Gobierno de Gustavo Petro, son varias las decisiones que se han tomado en direcciones de entidades adscritas al sistema. Hace algunos días, se conoció una nueva determinación de un juez respecto a la intervención de una EPS.
La Superintendencia Nacional de Salud, tras cumplir el fallo de tutela proferido por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, Atlántico, y del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, decidió reintegrar como agente especial interventor de la EPS S.O.S. a Carlos Alberto Betancur Castañeda, mediante la Resolución 2026320030008639-6 del 21 de agosto de 2026.
Es importante tener en cuenta que Betancur había sido suspendido como interventor de la EPS S.O.S por la Procuraduría General de la Nación el pasado 2 de marzo de 2026.
“Esta decisión no implica un pronunciamiento definitivo de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos por la EPS, ni sobre la situación disciplinaria del doctor Betancur Castañeda, y no limita el ejercicio de las competencias legales de inspección, vigilancia y control”, detalló la entidad.
En el comunicado, la Supersalud indicó que tras el reintegro, continuará ejerciendo sus facultades para la defensa de los derechos de 728.463 afiliados de la EPS S.O.S. y la protección de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, promoviendo en este caso concreto la defensa jurídica de sus actuaciones ante las instancias pertinentes.
Es importante recordar que Betancur Castañeda ejercía como agente interventor de EPS S.O.S cuando la Procuraduría ordenó su suspensión provisional, que inicialmente fue por tres meses, desde el 2 de marzo del 2026.
La EPS en cuestión mantenía deudas millonarias, tanto así que la Clínica Versalles hizo una seria alerta. Asegurando que el monto mensual facturado a la entidad equivale al 45% del total de ingresos operativos. Pero durante los últimos dos meses acumulados, la aseguradora había dejado de cancelar el 75% de dicha facturación.