En su más reciente columna de opinión, la periodista y analista política de SEMANA, Salud Hernández-Mora, analizó detenidamente las últimas revelaciones vinculadas al juicio contra Nicolás Petro.
Dentro de su revisión, la periodista compartió una serie de audios atribuidos a la exfiscal Lucy Laborde, en los cuales la exfuncionaria relata lo que califica como una trama orquestada desde la Fiscalía General —supuestamente con la anuencia de la Presidencia de la República— con el objetivo de desacreditarla y beneficiar tanto al procesado como a su padre.
Sobre esto, Hernández-Mora enfatizó que las declaraciones darían cuenta de amedrentamientos contra una fiscal independiente por negarse a manipular el caso.
Entre los pasajes detallados por Laborde, resalta una reunión con la alta dirección de la entidad en la que se le habría sugerido “retirar el delito de lavado de activos y mantener únicamente el de enriquecimiento ilícito”, argumentando que la condena posterior se cumpliría en una guarnición militar.
Al rechazar la propuesta por considerar inaceptable retirar un delito sin sustento jurídico, la exfiscal sostuvo que le fue presentado un segundo “planteamiento elaborado por el abogado Jesús Reyes para dejar la acusación reducida exclusivamente al delito de estafa”. Laborde calificó dicho planteamiento como inaudito y un exabrupto frente a los hechos jurídicamente relevantes imputados.
Supuestos preacuerdos bloqueados y presiones laborales en el proceso
De acuerdo con el análisis de la columnista, tras la negativa a estas opciones, se avanzó en la estructuración de un preacuerdo conforme a la ley, en el cual “se aceptaban los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a cambio de una rebaja en las penas”.
No obstante, según lo relatado por la exfuncionaria, el trámite fue frenado luego de ser consultado con el Palacio de Nariño, bajo el argumento del impacto institucional que representaría para el país una condena por lavado de activos contra el hijo del mandatario.
Paralelamente, Laborde describió las condiciones adversas y presiones logísticas a las que fue sometida tras su traslado a la ciudad de Barranquilla.
La exfuncionaria señaló que “no contaba con oficina propia, asistente, impresora ni equipo de investigadores asignados”, aspecto que catalogó como altamente lesivo para la gestión de cualquier fiscal. Además, indicó que “uno de los escoltas asignados a su esquema de seguridad fue capturado posteriormente por presuntos nexos con la estructura criminal del Clan del Golfo”.
Declaraciones públicas y acusaciones sobre el lavado de activos
El análisis periodístico abordó igualmente los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro durante sus intervenciones en consejos de ministros.
En dichas alocuciones, el jefe de Estado acusó a la fiscalía y a la fiscal Laborde de ejercer una persecución que, según sus palabras, derivó en afectaciones de salud para Laura Ojeda y la pérdida de su embarazo. En respuesta a estas declaraciones, Laborde manifestó haber percibido mensajes amedrentadores en medio de la controversia.
Para sustentar la tipificación del delito de lavado de activos, Hernández-Mora citó las explicaciones de la exfiscal sobre las maniobras dirigidas a dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Entre las operaciones mencionadas por Laborde se encuentran “la compra de inmuebles registrados a nombre de terceros —como el tío de Daizuris Vázquez o el propio constructor— y la adquisición de un vehículo de alta gama a nombre de una persona allegada a la investigación”.
Interrogatorios a Nicolás Petro, contexto político y respuesta institucional
La columna incorporó también fragmentos de la declaración de Nicolás Petro ante las autoridades sobre la financiación de la campaña presidencial, en la que el imputado afirmó que su padre tenía pleno conocimiento de los aportes económicos gestionados por intermedio de Gabriel Hilsaca y Santander Lopesierra.
Con base en este material, Hernández-Mora concluyó que la estrategia gubernamental habría buscado contener el impacto político derivado de las revelaciones del procesado mediante acercamientos e intentos de negociación del caso.
Finalmente, la periodista cuestionó una serie de acontecimientos recientes vinculados al entorno del Gobierno nacional, haciendo referencia a los vacíos de información sobre el dinero hallado en el apartamento de Laura Sarabia, las circunstancias de la muerte del coronel Óscar Dávila y la situación jurídica de los patrulleros involucrados en interceptaciones.
Hernández-Mora criticó además la condecoración otorgada por el presidente al coronel Carlos Feria, que interpretó como una señal de relajación de los límites éticos en la administración pública, y cuestionó la fiabilidad de la fiscal general Adriana Camargo.
Frente al conjunto de estas graves acusaciones compartidas en la publicación, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado oficial en el que negó categóricamente los hechos denunciados.