Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo para analizar el proyecto de Ley de Rescate Económico que el Gobierno presentó a consideración del Congreso.
El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico, que tiene tres objetivos: salvar la economía de una hecatombe fiscal, aumentar el ingreso de 35 millones de colombianos y promover la inversión y el empleo. El recorte en el gasto del Estado no tendría precedentes.
El proyecto plantea seis frentes de acción. El primero, que concentra dos terceras partes del ajuste fiscal, busca reducir el gasto estatal mediante recortes en funcionamiento, contratación, personal y subsidios mal focalizados, además de fortalecer la financiación de la salud y vender activos públicos.
El segundo crea EfectIVA, un mecanismo de devolución del IVA a hogares vulnerables, y elimina beneficios tributarios. El tercero pretende impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo mediante menores impuestos a las empresas, protección de la industria nacional y mayores recursos para las regiones. El cuarto ofrece incentivos y estabilidad jurídica para atraer inversiones. El quinto fortalece las instituciones fiscales. Y el sexto trata de mejorar la gestión de la Dian y combatir la evasión y el contrabando.
Vea la entrevista completa con Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo:
Mejía indicó que el proyecto incluye medidas “tremendamente impopulares”, pero necesarias, como hacer que más personas declaren renta.
El proyecto del Gobierno Abelardo De La Espriella propone reorganizar el sistema tributario: reducir impuestos a algunas empresas y limitar el gravamen al patrimonio, mientras aumenta el recaudo con mayores cargas sobre el consumo, la renta de personas naturales, y bienes y servicios que hoy tienen beneficios tributarios.
“¿Que si no se aprueba habría un default? No estoy tan seguro, yo creo que por supuesto todavía hay posibilidad de seguir cumpliendo con las obligaciones, pero sí habría una dificultad enorme para financiar el Presupuesto del Estado en el 2027. Sería una muy mala noticia para los mercados que no se apruebe un tipo de ajuste fiscal. La expectativa es que este Gobierno iba a llegar justamente con propuestas para corregir el desbalance que estamos viendo”, dijo Mejía.
“La doy un dato para que la gente que nos está escuchando pueda entender un poco la magnitud del problema. Colombia, entre 1907 y el 2019, es decir, antes de la pandemia, son 112 años de historia económica. Solamente hubo un año con un déficit que superó el 6 % del PIB. Eso fue en 1999. Seguramente muchas personas recordarán esa profunda crisis económica que tuvo el país a finales del siglo pasado”, recordó Mejía, al dar cuenta de la necesidad del proyecto.
Sin embargo, señaló que es un proyecto con articulado “tremendamente impopular”, como la opción de que más personas declaren renta.
“Es mejorable, indudablemente. Seguramente en el trámite del Congreso muchos de esos aspectos se van a mejorar. Y ojalá también haya un esfuerzo más grande, especialmente simbólico, tal vez que no genere aportes adicionales, pero sí en algunas medidas que realmente a la ciudadanía le permitan entender y verificar que hay un sacrificio adicional por parte del Estado”, aseveró.
La reforma modifica las tarifas y los beneficios del impuesto de renta personal. Actualmente, la tabla ordinaria comienza a aplicar desde una renta líquida gravable anual superior a 57,1 millones de pesos. El proyecto reduce ese umbral a 37,7 millones, equivalentes a unos 3,14 millones mensuales de renta gravable.
Esto no significa que todos los trabajadores con salarios de ese valor deban pagar renta, porque antes se descuentan los conceptos permitidos por la legislación tributaria.
El proyecto mantiene tarifas progresivas, pero cambia los rangos. La tarifa marginal máxima del 39 % comenzaría a aplicarse desde una renta gravable anual de aproximadamente 454,1 millones de pesos, frente a un umbral mucho más alto en el régimen vigente.
Además, se conserva la exención del 25 % de las rentas laborales, pero reduce su límite anual de 41,4 millones a 33 millones de pesos, calculados con los valores tributarios de 2026.