Hasta 43.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) puede alcanzar la multa por cometer algunos de los delitos ambientales más graves en Colombia. Estas conductas, además de generar un fuerte impacto sobre los ecosistemas, también pueden acarrear penas de prisión y otras sanciones establecidas en la legislación nacional.
La protección del medioambiente se ha convertido en una prioridad para las autoridades colombianas debido al aumento de actividades ilegales como la deforestación, la minería ilícita, el tráfico de fauna silvestre y la contaminación de fuentes hídricas. Estas prácticas, además de afectar la biodiversidad del país, también podrían colocar en riesgo la salud de las comunidades y el equilibrio de los ecosistemas.
¿Cuáles son los delitos ambientales?
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde la entrada en vigor de la Ley 2111 de 2021, conocida como la Ley de Delitos Ambientales, Colombia fortaleció las sanciones contra quienes atenten de manera ilegal contra los recursos naturales. Esta normativa incorporó al Código Penal nuevas herramientas para castigar las conductas que ocasionen daños a los ecosistemas y a la biodiversidad.
Aprovechamiento ilícito: la legislación establece penas para quienes se apropien, capturen, transporten, comercialicen, exporten, exploten o se beneficien de manera ilícita de especímenes, productos o partes de recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos del país.
Estas conductas pueden ser castigadas con penas de entre 60 y 135 meses de prisión, además de multas que van desde 134 hasta 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sanción aumenta entre una tercera parte y la mitad cuando el delito implica el cercenamiento de las aletas de peces cartilaginosos, como tiburones, rayas o quimeras, y el posterior descarte de sus cuerpos en el mar.
Tráfico de fauna: quienes adquieran, transporten, exporten o comercialicen, sin la autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa vigente, especímenes, productos o partes de fauna acuática, silvestre o de especies silvestres exóticas, pueden enfrentar penas de entre 60 y 135 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La ley contempla un agravante cuando estas conductas involucren la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos, como tiburones, rayas o quimeras, caso en el que las sanciones pueden incrementarse entre una tercera parte y la mitad.
Deforestación: la ley castiga a quienes, sin la autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa vigente, talen, quemen, corten, arranquen o destruyan áreas de bosque natural iguales o superiores a una hectárea, de forma continua o discontinua.
Estas conductas pueden acarrear penas de entre 60 y 144 meses de prisión, además de multas que van desde 134 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sanciones se incrementan hasta en la mitad cuando la deforestación tiene como propósito el acaparamiento de tierras, el establecimiento de cultivos de uso ilícito o la construcción de infraestructura ilegal, así como cuando el daño supera las 30 hectáreas o alcanza esa extensión en un periodo de hasta seis meses.
Daños en los recursos naturales y ecocidio: la legislación colombiana también contempla sanciones para quienes ocasionen daños graves a los recursos naturales. De acuerdo con el Código Penal, las personas que destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o provoquen un impacto ambiental de consideración sobre estos recursos pueden ser condenadas a penas de entre 60 y 135 meses de prisión.
Además, la normativa establece multas que oscilan entre 167 y 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la afectación ocasionada al medioambiente.
Contaminación ambiental: la contaminación ambiental también constituye un delito en Colombia cuando las emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos o cualquier otra disposición de sustancias al aire, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales generan un efecto nocivo sobre el ambiente o ponen en riesgo la salud humana.
Quienes incurran en estas conductas pueden enfrentar penas de entre 69 y 140 meses de prisión, además de multas que van desde 140 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en la legislación vigente.
Las investigaciones por este tipo de delitos son lideradas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Esta dependencia tiene la responsabilidad de adelantar la investigación y judicialización de las conductas que atenten contra los ecosistemas, así como de los delitos conexos relacionados con la afectación de los recursos naturales.