Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, viene adelantando un trabajo de investigación junto con especialistas y académicos expertos en temas medioambientales, de comunidad, entre otros, quienes de manera anónima –por el peligro que representa– avanzan en la identificación de las afectaciones que se han generado en la Amazonia venezolana, con énfasis en el sur del Orinoco, desde que está en el poder el régimen de Nicolás Maduro, que según información de inteligencia viene trabajando de manera mancomunada con las guerrillas del ELN y disidentes de las Farc.
Cuando muchos de los venezolanos empezaron a abandonar su territorio por la crisis que vivía el vecino país, el mundo entero fijó sus ojos en los problemas socioeconómicos que representa por temas migratorios, y la disputa política que emprendió el mandatario con los aliados de Estados Unidos, pero poca atención se le prestó a los territorios protegidos ambientalmente, los mismos que son ricos en oro y otro tipo de metales y gemas preciosas, como diamantes.
En conversación con SEMANA, Cristina Burelli cuenta que en 2018 se empezaron a generar las alertas de que algo estaba pasando en la Amazonia venezolana, fecha que coincide con el fortalecimiento de las disidencias de las Farc y el ELN, tras las diferencias que generó la firma del acuerdo de paz y la dificultad del cumplimiento de todos los puntos plasmados. “Inicialmente eran rumores de que la Amazonia estaba siendo saqueada por la minería ilegal que traían esas guerrillas, pero había poca documentación del tema porque nadie se atrevía a denunciar, el miedo lo impedía, eso era ir en contra del régimen”, señaló.
Lo preocupante es que gran parte de esa minería ilegal, en su mayoría de oro, se da a cielo abierto en parques naturales como del Cerro de Yapacana, el cual es tan alto que para llegar a la cima se tiene que subir en aeronaves, porque a su alrededor hay ríos con grandes caudales. Burelli confirma con imágenes satelitales que en la cima del cerro los grupos ilegales están sacando oro, “Para llegar allá necesitan helicópteros, ¿quién se los suministra?, ¿las fuerzas militares venezolanas?”, cuestión a la defensora y ambientalista.
Las afectaciones son enormes, tanto así que calculan por las imágenes que han captado, que cada 34 horas las Farc y el ELN destruyen lo equivalente a una cancha de fútbol. La Amazonia de Venezuela representa el 6% de la Amazonia total. En toda esa región está prohibido hacer explotación minera, pero las guerrillas han generado una economía alrededor del oro ilegal, monopolizaron la región, contratan a “mineros artesanales”, instrumentaliza a la comunidad aprovechándose de sus necesidades, llevan maquinaria y suministros para realizar la extracción del mineral y con el oro aprovechan para legalizar gran parte del narcotráfico que mueven.
Pero el negocio de la guerrilla no está solamente en el estado de Amazonas, sino también en el estado de Bolívar, rico en oro. Allí hay una dinámica particular de la que se han aprovechado los grupos criminales, señaló Burelli. En 2016 el gobierno venezolano firmó un decreto que llamó el Arco Minero y una parte colinda con Colombia, por el río Orinoco, algo que facilita el corredor de las guerrillas. En ese arco minero que estableció se permite la extracción de recursos naturales a empresas legalmente constituidas, esta fue una medida que no contó con el apoyo de los legisladores. El territorio que abarca dicha zona, es el equivalente al 12% del territorio venezolano, una proporción similar al tamaño de Portugal. Uno de los parques protegidos naturales en los que se está realizando minería ilegal es el Parque Nacional Canaima, protegido por la Unesco.
Recién se firmó el acuerdo importantes mineras de China, Turquía, entre otras, participaron en licitaciones para la adjudicación de licencias que efectivamente fueron otorgadas pero el territorio estaba copado de los llamados sindicatos de estas zonas que nacieron en la época del gobierno de Hugo Chávez que quiso priorizar los pequeños mineros, “como una medida populista, que luego permitió que las bandas criminales de Venezuela los instrumentalizara”, denunció la activista.
Según Cristina Burelli, cuando las mineras intentaron entrar, estas organizaciones ilegales le prohibieron el paso y desde entonces quienes se han aprovechado de la situación son las guerrillas colombianas que cuentan con la venía del gobierno venezolano. Alrededor del negocio de la minera ilegal se ha desatado una guerra a sangre entre las bandas venezolanas y las guerrillas colombianas que se ve reflejada en desenas de masacres.
Por lo anterior el llamado que hacen las organizaciones que denuncian lo que está sucediendo es que países como Colombia, Brasil y también en las Guayanas, se tomen medidas para frenar la comercialización del oro venezolano, ya que está manchado de sangre. Sin contar las múltiples afectaciones que se está generado en el ecosistema.
Las guerrillas colombianas están participando en un ecocidio en Venezuela, señalan los ambientalistas que han visto cómo la naturaleza está siendo remplazada por cráteres inertes y pozos de agua reposada que trae a la comunidad enfermedades como la malaria que tiene índices muy altos entre los venezolanos, sin contar la que genera las que genera el uso indiscriminado del mercurio que contamina a los afluentes hídricos más grandes del vecino país.
Burelli señala que Colombia sería el país que con urgencia debería prohibir la comercialización del oro venezolano por la misma cadena de suministros que abrazan la ilegalidad, al ser Colombia miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), podría tener consecuencias importantes si no toma medidas para frenar tal fenómeno. Sin embargo, es importante aclarar que por las fronteras tan porosas que hay entre los dos países y el alto flujo de migrantes, es difícil que se pueda realizar tal control. Incluso, gran parte de lo que se describe desde allí también está sucediendo de este lado de la frontera.