Durante sus cuatro años de gobierno, Gustavo Petro enarboló la defensa de la naturaleza como bandera. Con esa causa, argumentó muchos de los giros más polémicos de su administración, como el relacionado con la política energética. Sin embargo, El libro de la verdad, presentado este martes 18 de agosto por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, muestra cómo el deterioro ambiental se habría profundizado en el periodo 2022-2025.
“Entre 2022 y 2025, Colombia perdió más de 435.000 hectáreas de bosque, más del 60 % de ellas en la Amazonía. Solo en 2024 la deforestación llegó a 113.608 hectáreas, un 43,4 % por encima del año anterior, y dentro del Sistema de Parques Nacionales se multiplicó por 2,5 en un solo año”, aseguró en sus conclusiones el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.
El alto funcionario mostró, además, cómo, en ese mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente habría crecido como pocas entidades del Estado: “Los contratos de prestación de servicios por contratación directa pasaron de 142 por $ 2.121 millones en 2022 a 1.199 por $ 83.583 millones en 2025: 744 % más contratos y casi 39 veces el valor inicial”.
Las cifras relacionadas con la política ambiental del gobierno de Gustavo Petro no estarían a la altura de los resultados esperados con respecto a los aportes recibidos, tanto de la Nación como de la cooperación internacional y otras fuentes.
Por ejemplo, el ministro dijo: “El Fondo para la Vida y la Biodiversidad recibió apropiaciones por $ 1,8 billones de pesos y ejecutó, en promedio, el 16,5 % anual entre 2023 y 2025; en 2024 la ejecución fue del 9 % sobre $ 868.694 millones. No es un problema contable: es agua no protegida, restauración no realizada y comunidades que esperaron un proyecto que nunca llegó”.
Arjona también recopiló lo que sí se invirtió, pero no se habría hecho necesariamente bien: “El Ministerio comprometió $ 474.129 millones del Sistema General de Regalías en 25 proyectos ambientales durante 2025, desconociendo de manera reiterada la regla más elemental del proceso: aprobar en orden descendente de calificación”.
Por otro lado, “en el Ideam, la revisión de contratación identificó 176 grupos de registros duplicados por $ 33.470 millones y 26 procesos adjudicados con una sola oferta por $ 7.642 millones”.
A manera de conclusión, Arjona explicó en el libro: “Recibimos, entonces, un sector con más contratos y menos resultados. La tarea es invertir esa ecuación: ejecutar los recursos de conservación que están dormidos, recuperar la autoridad ambiental en el territorio frente a la deforestación y la minería criminal, devolver reglas claras y tiempos ciertos al licenciamiento, y asegurar que cada peso de regalías ambientales llegue al proyecto que lo mereció por mérito técnico. El bosque no admite otro cuatrienio de espera”.
Los que pagan el precio
Según el ministro Arjona, aparte de estos hechos de gran impacto ecológico y presupuestal, hay uno muy preocupante, relacionado con la pérdida de vidas humanas: “Colombia registró 48 de los 146 homicidios de personas defensoras del ambiente documentados en el mundo durante 2024, después de 79 en 2023. Donde el bosque cae, el Estado también se retira, y quienes primero lo advierten son los que pagan el precio”.