“Clínicas de deshomosexualización”, el terror impune de Ecuador

Las llaman "clínicas del terror”. Según las denuncias, en ellas se practican torturas físicas y psicológicas tales como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas e incluso "violaciones correctivas”. El objetivo: "curar” al presunto paciente, es decir, a la víctima. "Curar” su homosexualidad o transexualidad, cueste lo que cueste.

La semana pasada, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, anunció su intención de prohibir las llamadas "terapias de conversión” en Alemania este mismo año. "La homosexualidad no es una enfermedad, y por lo tanto no necesita terapia”, dijo el conservador Spahn, abiertamente gay. Sus planes cuentan con un amplio apoyo en el Parlamento alemán.

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Sin embargo, el panorama no es optimista en otras partes del mundo. "Es un tema poco explorado, que ha sido denunciado sobre todo en Ecuador, pero que también ocurre en otros lugares de América Latina”, dice a DW Mauricio Albarracín, investigador colombiano. La naturaleza de estas prácticas, no obstante, hace que no existan datos al respecto, más allá de testimonios anecdóticos. Una suerte de secreto -terrible- a voces.

Es en Ecuador donde las denuncias han cobrado más fuerza y, pese al conservadurismo social, los activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) han logrado ir desenmascarando todo un sistema.

El primer caso de estas "clínicas de deshomosexualización” documentado en suelo ecuatoriano data del año 2000. Desde entonces, las historias han ido saliendo a la luz a cuentagotas, aunque algunas revolvieron a la sociedad: en 2008, Paola Concha Zirith fue secuestrada y trasladada a una "clínica” cerca de Quito, donde la violaron para intentar cambiar su orientación sexual. El de Jonathan Vasconez en 2010 fue otro de los casos que causaron revuelo social. Con 23 años, fue internado por mediación de su familia. Estuvo más de un año encerrado. Su caso llegó a los tribunales, pero fue finalmente sobreseído.

El investigador Albarracín explica que "normalmente estas ‘terapias de conversión‘ están camufladas con otro tipo de terapias contra lo que se considera como personas antisociales; por ejemplo, en centros para atender la drogodependencia”. A menudo, estos centros están gestionados por grupos evangélicos, que aplican su "moral higienista”. Paralelamente, también hay registros de centros que operan en la más absoluta clandestinidad.

Falta de compromiso de los poderes públicos

Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones LGBTI, afirma que en 2013 las investigaciones del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano recogían la existencia de 268 de estas "clínicas”. Sin embargo, critica "toda esa información se perdió con el cambio de gobierno”.

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El actual presidente, Lenín Moreno, asumió el cargo en mayo de 2017. Silueta X, asociación de la que también es directora adjunta de Rodríguez, solicitó los datos al nuevo Ministerio. La respuesta, afirma esta activista, fue que "se encuentran perdidos”.

DW intentó ponerse en contacto con las carteras de Salud Pública y de Justicia del Ejecutivo ecuatoriano, pero no obtuvo respuesta.

En enero de 2016, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos” a personas LGBTI en esos centros. El CAT, por sus siglas en inglés, llamó la atención sobre el hecho de que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana "hayan concluido en condena”.

La impunidad es, de hecho, una de las grandes preocupaciones de los activistas. "Es complicado finalizar un proceso legal”, subraya Rodríguez, que señala, entre otros factores, la complicidad de los familiares y las presiones que sufren las víctimas. De las decenas de casos que han sido registrados en los últimos años, solo uno terminó en condena: el de Zulema Constante en 2013. Esta joven de Guayaquil tenía entonces 22 años cuando, tras escapar del rechazo familiar a su condición de lesbiana, fue internada contra su voluntad durante 21 días en la "Comunidad Terapéutica Femenina Esperanza”. El responsable fue condenado a pagar 6 dólares y pasar diez días en prisión.

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"El Gobierno actual no hace mayor énfasis en este asunto”, afirma Rodríguez, quien critica el "giro ultraderechista” de la administración, en un contexto de "ola de ultraconservadurismo” que a su juicio sufre el país. "Nos atrevemos a decir que ha aumentado la cantidad de centros”, aventura. Pero sin mayor implicación institucional, los activistas están solos contra un sistema clandestino.