El reconocido fotógrafo estadounidense, Steve Cagan, documentó los cinco días del ”Atratiando”. | Foto: Steve Cagan

COMUNIDAD

Así se vivió el Atratiando, el movimiento de resistencia social que luchó por el río

Por años, el Atrato fue un campo de batalla que pasó por las manos de paramilitares, guerrillas y Ejército. En 2003 la población civil dio un valiente ejemplo de resistencia. Así fue el Atratiando.

Luisa Fernanda Gómez*
15 de diciembre de 2017

Mariano López Mena, un campesino afrodescendiente de Riosucio, Chocó, fue decapitado por los paramilitares el 28 de noviembre de 1997. Luego arrojaron su cuerpo desmembrado al río Cacarica.

En días anteriores, entre el 24 y 27 de noviembre, el Ejército y los paramilitares se aliaron para atacar al frente 57 de las Farc con dos operaciones: Génesis y Cacarica, respectivamente. Tres mil quinientos riosuceños abandonaron sus hogares y se unieron a la lista de 67.853 chocoanos víctimas de desplazamiento forzado en 1997. Un año antes las Autodefensas Unidas de Colombia habían llegado a Riosucio con la supuesta intención de combatir a las Farc, presentes en el territorio desde la década de los ochenta, con los frentes 5, 34, 57 y 58. Sin embargo, según los mismos habitantes, durante esos primeros años no hubo mayores enfrentamientos entre las dos fuerzas armadas.

Por el contrario, se tienen registros de múltiples atropellos contra la población civil que provocaron el abandono de las poblaciones. Desde 1996 y hasta 2005 (año en que las AUC se acogieron al proceso de Justicia y Paz), 261.258 civiles fueron desplazados y más de 800 perdieron la vida por cuenta del conflicto armado, según la Unidad para las Víctimas. López Mena fue apenas uno de ellos.

Hoy, el 96 por ciento del Chocó está constituido por territorios colectivos pertenecientes a comunidades negras e indígenas. Y según Sterlin Londoño, vicario de la Diócesis de Quibdó, el objetivo de los paramilitares era apropiarse de esas tierras, que en ese momento eran pedidas por las comunidades para su titulación.

Para poder hacerse con todo el territorio, los paramilitares desarrollaron su despliegue a partir del río Atrato: la arteria principal del Chocó. Instalaron en él tres puntos de control que restringían la libre circulación de personas, alimentos, comercio y medicamentos, desde Quibdó hasta Turbo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a octubre de este año 4.679 personas tuvieron que abandonar forzosamente sus territorios por presión de presuntos grupos armados ilegales. Foto: Iván Valencia.

En 1999, en pleno proceso de paz del Caguán, las Farc arremetieron en el territorio para expulsar a los paramilitares. “Ahí se complicó la cosa”, recuerda Londoño. Ese año la guerrilla comenzó a controlar el Atratotambién con retenes. Su incursión incluyó numerosas tomas, entre las que se recuerdan las ocurridas en el año 2000 cuando en marzo se tomaron Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bellavista (Chocó); en agosto, Carmen del Atrato, y en octubre, Bagadó. Les siguieron muchas más.

La cara visible de la tragedia llegó el 2 de mayo de 2002, cuando 79 civiles identificados murieron como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba en la iglesia de Bojayá y más de 30 continúan desaparecidos. Después de ese día, la situación de conflicto en el Chocó, finalmente, llamó la atención del Estado. Según Londoño: “Antes, el gobierno no hizo presencia de forma efectiva y no había garantías para permanecer en el territorio”.

Después tampoco las hubo, pues el Ejército y la Marina hicieron su despliegue y, al igual que guerrilleros y paramilitares, pusieron retenes. “La llegada de la fuerza pública se dio con fuego hacia la población civil. Ya no había ni siquiera condiciones de vida digna para la gente”, complementa el vicario. En esos años los barcos dejaron de llegar a Quibdó y los canales de comunicación entre el Chocó y el resto del país por el Atrato se perdieron. Como respuesta a esa situación, en 2003 las organizaciones étnico territoriales, la Diócesis de Quibdó, las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y agencias organizaron una gran movilización social para devolverle la vida al río.

Entre el 16 y el 20 de noviembre, decenas de embarcaciones se tomaron el afluente en un recorrido de 500 kilómetros –desde Quibdó hasta Turbo– para exigirles a los grupos armados que los dejaran en paz. La caravana hizo paro en Riosucio y en Bojayá para rendirles un homenaje a todas las víctimas. A lado y lado del río, las comunidades celebraban entusiasmadas. Steve Cagan, fotógrafo estadounidense, estuvo ahí y escribió: “Al bajar de una lancha en Riosucio, monseñor Fidel Cadavid le preguntó a una señora mayor cómo se sentía. Ella contestó: “‘¡Como cuando éramos felices!’”.

‘Atratiando: por un buen trato en el Atrato’, fue el nombre de la movilización. Y aunque la situación en el territorio no cambió radicalmente, se recobró la movilidad en el río, muchos civiles retornaron a sus territorios y las comunidades comprendieron que podían organizarse para luchar por lo que les pertenecía. Este fue uno de los antecedentes que hizo posible que el 10 de noviembre de 2016 la Corte Constitucional le otorgara derechos al Atrato.

*Periodista de Especiales Regionales de SEMANA.

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