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| 5/3/2018 12:00:00 AM

Los logros de la Misión para la Transformación del Campo

Esta se creó con el sueño y la intención de que el sector rural colombiano, en 2030, sea más competitivo, moderno y genere bienestar. Sus ideas han dado frutos.

los logros de la misión para la transformación del aampo A través de la modernización del campo. Misión Rural propone una estrategia para saldar la deuda histórica con el sector rural. Foto: John Hamon

La Misión para la Transformación del Campo (Misión Rural) entregó su informe al presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2015, después de dos años de trabajo. Formuló una estrategia para saldar la deuda histórica del país con el sector rural y, a través de ello, hacer un aporte decisivo a la construcción de la paz. Las propuestas buscan convertir al campo, en un periodo de 15 años –correspondiente al de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas–, en un espacio moderno, generador de bienestar, competitivo y respetuoso de la diversidad territorial y de los recursos naturales.

La misión partió de tres ‘ideas fuerza‘, que pueden entenderse como los principios básicos que deben regir las políticas de desarrollo para el campo: 1) Fomentar un enfoque territorial participativo, que reconozca una ruralidad diferenciada y a los habitantes de esta como gestores y actores de su propio desarrollo. 2) La concepción del desarrollo como un proceso integral, que debe garantizar la inclusión, tanto social como productiva, de todos los habitantes rurales. Esta visión implica la necesidad de superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a los pobladores rurales como verdaderos agentes de crecimiento. 3) Promover un desarrollo competitivo y ambientalmente sostenible, basado en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten la realización de actividades tanto agropecuarias como no agropecuarias.

A partir de esta concepción, la misión organizó sus propuestas en torno a seis estrategias básicas:

1. La inclusión social de los habitantes rurales con un enfoque de derechos, mediante el cierre de las brechas sociales y la adecuada provisión de alimentación, educación, salud, protección social, vivienda, agua y saneamiento. Para ello propuso eliminar, en un plazo de 15 años, las principales brechas rurales-urbanas en materia de acceso a servicios sociales de calidad.

2. Una estrategia ambiciosa de inclusión productiva y agricultura familiar, que permita que los pequeños productores y trabajadores, tanto agropecuarios como no agropecuarios, accedan a recursos productivos y se integren a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización, con un enfoque asociativo. En materia de tierras, esto incluye un esfuerzo ambicioso de formalización de la propiedad, la creación de un fondo de tierras con propósitos redistributivos y mecanismos que permitan recomponer los micro y minifundios para constituir unidades productivas viables.

3. Un sector agropecuario competitivo, basado en la provisión adecuada de bienes públicos: ciencia, tecnología, innovación y extensión agropecuaria (acompañamiento integral), infraestructura adecuada, sanidad agropecuaria, y protección de los derechos de propiedad y de la seguridad. Esta estrategia exige también un ambiente macroeconómico y financiero adecuado, en particular para diversificar la base exportadora sectorial.

4. Un desarrollo ambientalmente sostenible, que busque mantener y mejorar el patrimonio del país en materia de aguas, suelos, biodiversidad y riqueza forestal, al tiempo que gestiona los efectos del cambio climático y promueve actividades que hagan un uso ambientalmente sostenible de nuestra riqueza ecológica. Una de las metas esenciales es frenar totalmente la expansión de la frontera agraria y la deforestación para el año 2030.

5. Una estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial que garantice un apropiado orden ambiental, social y productivo de los territorios rurales; y que busque el progreso integral de dichos territorios y su articulación con el sistema de ciudades.

6. Un arreglo institucional integral y multisectorial, con políticas claras, articuladas por un Conpes rural con un horizonte de largo plazo y la garantía de disponibilidad de recursos públicos adecuados y estables. Este arreglo institucional debe garantizar, además, una capacidad de ejecución de los proyectos de desarrollo a nivel territorial, con la participación de la sociedad civil organizada y el sector empresarial en su formulación y ejecución.

Avances y oídos sordos

La equidad de género fue formulada como un elemento transversal de la estrategia, así como la capacidad de ofrecer oportunidades en el campo a la población joven y a los grupos históricamente más marginados (los indígenas y los afrocolombianos).

La misión resaltó, además, que las diferentes estrategias tendrán que diferenciarse según las categorías de ruralidad (ciudades y aglomeraciones, y municipios intermedios rurales y rurales dispersos) y que los apoyos del Estado deberían proveerse fundamentalmente a través de bienes públicos, lo cual exige desmontar los subsidios directos o integrarlos a las prioridades señaladas. Los costos de las propuestas se estimaron en 13 billones de pesos (de 2015) por año, en el periodo 2016-2030, lo que equivale al 1,2 por ciento del PIB, de los cuales unas dos quintas partes podrían ser financiados con la reasignación de recursos existentes.

Entre las propuestas de la misión que han sido adoptadas conviene resaltar la reforma institucional con la creación de tres nuevas agencias (de Tierras, de Desarrollo Rural y de Renovación del territorio) y la liquidación del Incoder. La Ley 1876 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, aprobada en diciembre del año pasado, siguió también las orientaciones de la misión. Los recursos adicionales para vías terciarias coinciden igualmente con sus recomendaciones.

Por el contrario, no se ha avanzado en la aprobación de las leyes de tierras y en el diseño de una estrategia integral y multidimensional, con la participación de todos los sectores gubernamentales que inciden sobre el desarrollo rural. Las medidas de austeridad fiscal han terminado, además, por recortar recursos necesarios (por ejemplo, el incentivo a la capitalización rural). Tampoco han sido objeto de atención algunas de sus recomendaciones, por ejemplo, la creación de una Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias y Agroindustriales para impulsar y coordinar grandes apuestas productivas para el sector.

*Director de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano.

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