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| 11/14/2018 12:00:00 AM

Diecisiete años de consultas previas

Desde 1991, en Colombia se han efectuado alrededor de 1.300 consultas previas con 8.550 comunidades. Estas permiten o impiden la explotación de hidrocarburos en una zona. Según los expertos, la figura funciona, pero aún tiene vacíos que suscitan controversias.

Diecisiete años de consultas previas La consulta previa como un dere- cho fundamental en la Constitución Política, en el país se han realizado alrededor de 1.300 consultas con 8.550 comunidades. Foto: Guillermo Torres

Durante 17 años Colombia ha construido un modelo de concertación para que los empresarios y las comunidades definan de manera conjunta las condiciones para explotar el subsuelo, respetando los territorios donde se asientan las minorías. A pesar de los años transcurridos, este mecanismo sigue generando controversias. Los expertos en el tema argumentan que se trata de vacíos en la regulación y, en algunos casos, mala fe. Por lo que se tiende a abusar de la figura.

Según las cifras del Ministerio del Interior, desde que en 1991 Colombia se incorporó al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se estableció la consulta previa como un derecho fundamental en la Constitución Política, en el país se han realizado alrededor de 1.300 consultas con 8.550 comunidades.

“Podría asegurar que más del 95 por ciento de estas consultas han tenido un trámite efectivo y han funcionado”, afirma el consultor Pedro Santiago Posada Arango, exdirector de asuntos indígenas, rom y minorías del Ministerio del Interior.

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Él reconoce que la figura aún se encuentra en construcción, y que tiene falencias que se pueden corregir. Una de ellas es que se ha desdibujado su objetivo principal, que es informar a las comunidades, escucharlas y llegar a un acuerdo con ellas sobre cómo mitigar los impactos que generen los proyectos que se van a desarrollar. Se ha dejado de lado ese proceso para convertirse en uno meramente transaccional entre las empresas y la comunidad.

Por su parte, Carlos Gerardo Mantilla Gómez, socio de Muñoz Tamayo & Asociados, quien tiene experiencia en el manejo de consultas previas, considera que gran parte del problema puede estar en la falta de claridad en la regulación vigente: “Pese a las normas constitucionales, los señalamientos de la OIT, las directrices presidenciales, los documentos Conpes y los decretos, la consulta previa no se ha regulado de manera clara y tangible. No se han determinado sus alcances, sus derechos, obligaciones, prerrogativas y plazos; con lo cual, su aplicación genera zonas grises y vacíos que han intentado ser llenados vía jurisprudencia, principalmente de la Corte Constitucional”.

Y esos vacíos han dado pie a situaciones como la que viven el Consorcio Colombia Energy (CCE) y el Resguardo Indígena Alto Lorenzo en Puerto Asís, Putumayo. La compañía llegó a la zona comprendida entre los corregimientos de Puerto Vega y Teteyé, para operar un proyecto de mejora en la producción de crudo de Ecopetrol, en los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, cerca de la frontera con Ecuador.

En las tres oportunidades en que CCE le consultó al Ministerio del Interior si había comunidades indígenas asentadas en las casi 13.000 hectáreas licenciadas del territorio, este le respondió de manera negativa, por eso la compañía no adelantó proceso alguno de consulta previa.

Y así era. Sin embargo, en una zona más amplia, de 38.000 hectáreas, influenciada por el proyecto, sí se hallaba una comunidad nasa, agrupada en cuatro cabildos y representada por el Resguardo Indígena Alto Lorenzo en Puerto Asís, Putumayo. Los indígenas demandaron exigiendo un proceso de consulta previa, y ganaron. Aunque los proyectos de CCE están en marcha desde 2011, ahora se adelanta un proceso de consulta previa.

Para evitar situaciones de incertidumbre jurídica como esta, poder llenar los vacíos legales y consolidar la normatividad alrededor de las consultas previas, la bancada de Cambio Radical presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca el fortalecimiento de este mecanismo de participación ciudadana.

Posada tiene su propia teoría al respecto.“Se trata de la buena fe, ella es el elemento estructurante de un proceso de consulta previa bien dado. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer mejor pero, sobre todo, hay que mejorar la buena fe”.

*Abogado y periodista.

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