Si en algo están de acuerdo los caleños es que Maurice Armitage, alcalde de Cali, goza del respeto de sus gobernados porque el fantasma de la corrupción, por lo menos a él, no lo persigue.
Por eso pocos entienden que un mandatario que goza de semejante prestigio y rectitud, se lance a la aventura de adjudicar a dedo uno de los mega contratos más jugosos e importantes para la ciudad: la concesión del alumbrado público.
A ello se suma que en esta ocasión Armitage se silenció ante los medios para hablar del asunto, cuando su principal característica durante sus tres años de mandato ha sido justamente ponerle la cara a cualquier problema. Todo ello sirvió para que sus detractores y enemigos políticos le sacaran jugo a la polémica y subastaran uno de sus más valiosos legados como alcalde: la confianza.
Por varios conductos esta revista intentó conocer la opinión del alcalde Armitage, pero no fue posible obtener su reacción frente a tres inquietudes que además se le formularon por whatsapp.
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El alumbrado público de Cali es operado en convenio por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, que es la joya de la corona en materia de servicios públicos en la capital del Valle, y ese convenio tiene una vigencia hasta el 2030.
No obstante, y así lo permitía el convenio interadministrativo, Emcali decidió delegar ese servicio a un tercero privado y fue así como lo concesionó desde 1997 a la firma Megaproyectos, que entre sus socios tiene al reconocido contratista paisa William Vélez. Esa concesión por 20 años culminó en diciembre de 2017, pero dicho contrato lo prorrogaron hasta junio próximo, mientras se definía el nuevo operador.
Hasta allí todo iba viento en popa y en el ambiente quedó la sensación que esa prórroga tenía como único propósito ganar tiempo para perfeccionar los pliegos de la futura licitación y que según expertos estaría por encima de los 200.000 millones de pesos.
El techo de esa concesión se basa en que el nuevo operador tendrá que hacer millonarias inversiones para modernizar el sistema de alumbrado público, hacerlo más inteligente, eficiente, pero principalmente reconvertir las 160.000 luminarias a tecnología led. En la actualidad solo hay 26.137 con esas características.
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Cada mes Emcali recauda por concepto de alumbrado público un promedio de ocho mil millones de pesos, pero cerca de $5.000 millones se van en el pago de la energía que consumen esas lámparas. Se estima que cuando se modernice todo el sistema a tecnología led, el ahorro sea del 40 por ciento.
La sorpresa surgió a comienzos de este mes cuando el propio gerente de Emcali, Gustavo Jaramillo, reveló en el Concejo que el nuevo operador del alumbrado se escogerá mediante contratación directa y se estudia la posibilidad que sea la Empresa del Pacífico SA, más conocida como Epsa.
“Actualmente no ha sido entregada oficialmente una propuesta de Epsa a Emcali. En el momento que nos la entreguen vamos a revisarla detalladamente (…)”, y añadió “para nosotros es muy importante que una empresa con una gran experiencia en temas de energía como lo es Epsa (…) pueda operarnos el sistema”, concluyó Jaramillo.
Quienes pusieron el grito en el cielo fueron los concejales que hacen parte de la comisión de institutos descentralizados donde se discutió el tema. “Estamos confundidos porque hasta donde sabíamos venían preparando los pliegos para la licitación que sacarían en abril”, expresó el concejal liberal Carlos Pinilla, presidente de la comisión.
Agregó que más allá de los líos jurídicos que ese mecanismo de contratación pueda tener, llama la atención que se haga justamente con una empresa que en la práctica es competencia de Emcali.
En efecto, Epsa es una reconocida empresa generadora de energía que atiende a 600.000 usuarios en 39 de los 42 municipios del Valle del Cauca. Entre los accionistas de Epsa figura Emcali con el 18 por ciento. Esa condición es vista por las directivas de Emcali como una fortaleza para la concesión del alumbrado que se debe aprovechar, “(…) es estratégico que lo haga Epsa, por cuanto somos socios”, argumentó Jaramillo.
Y es allí donde surge el otro gran interrogante de los posibles impedimentos de la mega transacción, ya que varias fuentes consultadas coincidieron al asegurar que entre ambas empresas surgió en 2016 una fuerte discusión, porque “Epsa pretendía diluir las acciones de Emcali en un proceso de capitalización”, dijo un exgerente de la empresa de servicios públicos, tras aclarar que la discusión no llegó a los tribunales de justicia.
Esta revista pudo constatar que en marzo de 2016 Emcali contrató por 600 millones de pesos a la firma de consultoría Sumatoria SAS, cuyo objeto era “asesorar de manera integral a Emcali en la capitalización de Epsa, mediante la valoración de los activos incluidos en la operación”.
Al consultar con fuentes de Epsa sobre ese aspecto, desde la oficina de prensa de la compañía fueron enfáticos en aclarar que “no estamos ni estuvimos en ningún proceso de capitalización” y añadieron que cualquier inquietud en torno al contrato de alumbrado público, “es un tema que se debe hablar con la alcaldía o Emcali”.
Y en la orilla de los inconformes por la decisión de contratar a dedo el nuevo operador del alumbrado, también está Megaproyectos, el actual concesionario. Al respecto, Germán Padilla, gerente de esa firma en Cali, aclaró que ellos ya manifestaron oficialmente “nuestra intención de seguir con el negocio, pero no hemos tenido respuesta”.
Lo que si sucedió hace poco es que Emcali envió a Megaproyectos una carta solicitando ampliar el contrato de concesión por otros tres meses, es decir hasta septiembre.
Y la tercera pata que le surgió a la polémica corre por cuenta de los trabajadores sindicalizados de Emcali, quienes no entienden por qué insisten en entregar la operación del alumbrado a un privado, ya que según ellos, la empresa está en capacidad de ejecutar ese servicio, “en el pasado la entonces gerente Cristina Arango dejó abierta esa posibilidad. Solo necesitamos contratar 300 operarios”, explicó Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali.
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Una ex contralora del Valle que hasta hace poco asesoró a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SPD, catalogó como antijurídico que ese contrato de alumbrado “por tratarse de un impuesto, se adjudique de forma directa, sin acudir a la licitación pública”, explicó bajo la condición del anonimato porque actualmente labora en otras entidades oficiales.
Llama la atención que hasta el mes pasado las directivas de Emcali tenían previsto realizar la licitación, ya que en poder de esta revista hay un memorando interno de esa misma empresa y fechado el 4 de abril de este año, en el que claramente se afirma que la gerencia de energía “procedió a elaborar las especificaciones técnicas y los términos de referencia de la futura licitación pública para la prestación del servicio de alumbrado público (…)”.
Dicho memorando aclara además que “estos documentos fueron enviados a Gerencia Estratégica y Abastecimiento, y en la actualidad estos pliegos se encuentran en el despacho de la Secretaria General, para su revisión jurídica”.
Es probable que en el fondo de semejante polémica solo exista ”una decisión estratégica”, como lo afirma el gerente de Emcali; pero no hay duda que esa voltereta despertó muchas suspicacias.