Bogotá sin radios

Las radios comunitarias fueron creadas en los noventa con el fin de abrir espacios de comunicación, información y diálogo cultural en los que diferentes comunidades del país pudieran participar democráticamente y expresar sus visiones de mundo. Se pretendía, en especial, que las comunidades tradicionalmente excluidas de la posibilidad de expresar sus puntos de vista en los medios masivos de comunicación pudieran hacerlo, de manera que el panorama de la comunicación radial fuese más plural en el país.
 
En Bogotá, muchos líderes comunitarios de localidades marginales y afectadas por la violencia, como Usme, Suba, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santafé, Tunjuelito, Fontibón y Kennedy, impulsaron activamente el proceso de creación de emisoras comunitarias. A pesar de ello, en la actualidad no existe ninguna emisora comunitaria que cuente con una licencia de funcionamiento en la capital. Esto se debe a que, durante más de diez años, el Ministerio de Comunicaciones se ha negado a abrir una licitación pública para la concesión de licencias para estas emisoras en Bogotá y ha rehusado determinar siquiera una fecha en la que ésta tendrá lugar, aun cuando los líderes comunitarios lo han solicitado en un sinnúmero de oportunidades.

Ha sido tanta la espera de una respuesta de fondo a estas solicitudes, que uno de los líderes dice –intentando infructuosamente hallarle el lado cómico al asunto– que se quedó calvo de tanto esperar.

El Ministerio ha justificado su negativa argumentando que goza de discrecionalidad para decidir dónde, cuándo y cómo deben abrirse estas convocatorias públicas y que debe darse prioridad a los municipios que no cuentan con ningún servicio de radio, mientras que Bogotá está saturada de radios comerciales y públicas.
A primera vista, la tesis del Ministerio suena. Pero un análisis detallado muestra que es injustificada.

Por un lado, si bien es cierto que en Bogotá existen muchas emisoras radiales, ninguna de ellas cumple los objetivos de participación democrática, pluralidad informativa y convivencia pacífica propios de las radios comunitarias. Los barrios de Bogotá tienen entonces la misma necesidad de emisoras comunitarias que otras zonas marginales del país.

Por otro lado, no parece existir ningún obstáculo técnico ni financiero que impida la asignación de licencias a emisoras comunitarias en Bogotá. De hecho, existen dos frecuencias radiales disponibles que pueden compartir varias emisoras barriales por ser éstas de corto alcance. Además, varios líderes comunitarios se han organizado para la creación de emisoras de este tipo y cuentan ya con las antenas y demás infraestructura requerida para prestar el servicio, a la espera de que les otorguen la licencia. Finalmente, los costos que implicaría la apertura de una convocatoria como ésta son muy bajos, pues como las frecuencias y la infraestructura ya existen, se reducirían a aquéllos de una licitación ordinaria.

Por ello, a pesar de que el Ministerio tiene discrecionalidad para tomar esas decisiones, en este caso dicha discrecionalidad se ha tornado arbitraria, pues es injustificada. No olvidemos que por más de diez años diversos líderes comunitarios han solicitado la realización de dicha convocatoria. Además, dicha omisión restringe el ejercicio del derecho fundamental a fundar medios masivos de comunicación, que es un componente de la libertad de expresión. En esas condiciones, la omisión injustificada por más de diez años se ha convertido en una forma sutil e indirecta de censura, pues la libertad de fundar radios comunitarias en Bogotá ha quedado en el limbo, contra todas las recientes enseñanzas de la teología católica.
 
Además, la negativa del Ministerio a abrir la convocatoria en Bogotá ha traído como resultado que las voces de los ciudadanos de los barrios marginados de la capital continúen enmudecidas. El silencio del Ministerio es entonces excluyente, pues silencia los puntos de vista de ciertas comunidades y limita el pluralismo informativo. El poder de transmitir información sigue estando en manos de unos pocos. Y esto ciertamente resulta paradójico cuando proviene de un Estado que se denomina a sí mismo “comunitario” y que, no obstante, impide el surgimiento de proyectos realmente comunitarios.

Por esa razón, en coordinación con Planeta Paz, el Centro DeJuSticia asesoró jurídicamente a las asociaciones de operadores y usuarios de radios comunitarias en Bogotá para que presentaran una tutela contra el Ministerio de Comunicaciones. En las próximas semanas, la Corte Constitucional definirá el punto y sabremos entonces si la libertad de expresión y la participación democrática pueden o no quedar al arbitrio de las autoridades.