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El 'super-poderoso'

La Superintendencia de Industria y Comercio está siendo convertida en una especie de supraministerio para dirimir líos en las grandes ligas de los negocios ¿Podrá cumplir semejante desafío?

15 de agosto de 2009

La figura del superintendente de Industria y Comercio se podría representar como la del pequeño David de la Biblia, que en este caso hace de árbitro entre dos poderosos Goliat. Es decir, una persona que lo único que tiene en su mano es la ley para tratar de poner a raya a los más fogueados gladiadores de la empresa privada. Y, como si esa tarea no fuera suficiente, en el último mes, el Congreso de la República le atribuyó más funciones al titular de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Son tantas tareas las que tiene ahora, que no está claro si se convirtió a la SIC en una superpoderosa entidad o, por el contrario, se va a debilitar ante el enorme peso que lleva sobre sus hombros.

¿Cuáles son las nuevas funciones? Primero, la SIC tendrá que estar pendiente de las prácticas que restrinjan la libre competencia en todos los sectores. Es decir, los procesos en los sectores financiero, de seguros o de servicios públicos, que antes no eran de su incumbencia, van a terminar en el escritorio del hoy superintendente, Gustavo Valbuena. En segundo lugar, la SIC vigilará que las bases de datos de información crediticia, que hoy tienen registros de 15 millones de personas, cumplan lo estipulado en la nueva legislación. Y en tercer lugar, la ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) le asignó a la SIC la obligación de proteger los derechos de los siete millones de suscriptores de telefonía fija.

Todas estas funciones se suman a las ya tradicionales que venía ejerciendo la Superintendencia, como la de registro de marcas y patentes y la de dirimir conflictos que involucran a los poderosos del sector privado y que ha dado pie a batallas como la de Avianca y Aces hace más de 10 años o a las más recientes de las empresas de telefonía celular.

La Superintendencia se convierte así en una suerte de supraministerio del sector empresarial. Con el añadido de que estas funciones son muy complejas y cargadas de presiones, por eso cualquier decisión puede despertar suspicacias.

El superintendente tiene hoy acumulada una gran cantidad de procesos. Está investigando a las EPS por supuestos acuerdos para fijar precios en detrimento de sus clientes; a Bavaria por malas conductas para imponer su marca Peroni; a Telmex, por su fusión con varias cableras locales, y a los ingenios azucareros, entre otros. Además debe pronunciarse sobre la integración de Protabaco y Coltabaco y la alianza estratégica entre Cafam y almacenes Éxito. También debe decidir si mantiene la sanción que impuso a productoras de cemento como Holcim, Cemex y Argos por ponerse de acuerdo para fijar precios en contra del libre mercado. Y concluir la investigación a la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Lúker por acuerdos de precios en el pago de materias primas.
Esto muestra que las presiones para el superintendente serán muchas y en estos fallos tendrá que mostrar valentía e independencia, además de rapidez, pues no se justifica que un fallo se demore dos o tres años.

Lo otro que cabe preguntarse es si se le fue la mano al Congreso al sobrecargar de trabajo a la SIC. Es preocupante que una entidad que prácticamente duplicó sus tareas, tenga un presupuesto para 2010 de 40.000 millones de pesos con un crecimiento de apenas 8 por ciento. El Congreso deberá mostrar coherencia y modificar esos rubros en el presupuesto nacional que se discute actualmente, pues la SIC necesita más personas y gente más capacitada.

Este es el tema central, porque las facultades no bastan para garantizar que se cumpla una gran labor. Tan importante como las herramientas que le da la ley es que ante los conflictos que se registren tenga también la capacidad en materia de recursos y de voluntad política del gobierno central para enfrentar a cualquier poder económico. No es una tarea fácil.