Impuestos
Ley de financiamiento: Este sería el costo para una familia de clase media
Expertos hicieron las cuentas del costo que tendría la propuesta del Ministerio de Hacienda y dan sus razones sobre por qué las reformas tributarias ya no son efectivas.
El proyecto de ley 283 de 2025, o ley de financiamiento, con el cual el Gobierno busca conseguir los recursos para financiar el presupuesto de 2026, sigue generando polémica. Pese a que desde el Ejecutivo han insistido que la iniciativa solo apunta a los más ricos y que no tendrá impactos sobre la canasta familiar, ya varias firmas de expertos han hecho sus cuentas y tienen una opinión contraria.
Una de ellas es Crowe Co, empresa que ofrece servicios de auditoría. Según su análisis, el mayor peso de los nuevos impuestos caería sobre la clase media, que es el corazón del consumo en Colombia al agrupar a 17 millones de personas, reunidas en unos 5,5 millones de familias, según las cifras del Dane.
Su argumento es que las propuestas que trae la ley de financiamiento pueden encarecer el mercado, el transporte y el ocio. Específicamente, el golpe más duro al bolsillo vendría del alza a los impuestos de los combustibles. Hoy un galón de gasolina cuesta en promedio 15.800 pesos, pero con el IVA del 10 % que se plantea para 2026 y del 19 % para 2027, subiría a 18.800. En el caso del diésel (ACPM), el precio pasaría de 10.500 a más de 12.500 pesos.
La subida de los combustibles impactaría el costo de los pasajes en bus, que podrían aumentar entre 100 y 150 pesos; también el de un domicilio en moto, que saldría hasta 500 pesos más caros, y transportar alimentos encarecería el mercado en un 1,2 %, estiman en Crowe.
“En plata blanca: para un hogar promedio, que gasta 1,9 millones de pesos al mes, el ajuste se sentirá en la quincena. Mantener el mismo nivel de vida costará entre 20.000 y 40.000 pesos más cada mes, solo en transporte y alimentos, lo que en un año suma hasta 480.000 adicionales”, precisan.
A lo anterior hay que sumarle el incremento en el costo que tendría el entretenimiento en el país, comenzando por la tributación más alta planteada para la cerveza, la bebida alcohólica más consumida en el país. Esta subiría un 50 %, lo que implica que una botella que hoy cuesta 3.000 pesos pasaría a 4.500, y una jarra de refajo en un bar o restaurante saltaría de 20.000 a 30.000 pesos. Incluso las maltas y cervezas sin alcohol sentirán el impacto, con un aumento del 25 %.
La cultura también se encarece con el nuevo IVA del 19 % para las boletas de 500.000 pesos en adelante, estas pasarían a costar 595.000. En apuestas y videojuegos en línea, una recarga de 100.000 dejaría disponibles 84.000 para apostar, porque 16.000 se irían en impuestos.
“Ni los centros comerciales se salvan. Las cuotas de administración crecerían un 19 %, así un local que hoy paga 2,5 millones llegaría a 2,97 millones, y un parqueadero de 200.000 subiría a 238.000. Ese sobrecosto, tarde o temprano se verá en la ropa, la comida o los servicios que pagan las familias”, reiteran en Crowe y señalan que un hogar de clase media con carro, consumo ocasional de licor y asistencia a espectáculos tendría que asumir entre 150.000 y 175.000 pesos más al mes. Eso representa una menor capacidad de gasto o de ahorro y obliga a repensar cómo disfrutar el tiempo libre.
“La ley de financiamiento redefinirá cómo gastan, ahorran y disfrutan los colombianos. Su efecto será visible en cada recibo, cada compra y cada decisión de consumo”, advierte Lina Gómez, gerente de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co.
La fórmula no está funcionando
Además de analizar el contenido de la ley de financiamiento, los expertos también han evaluado la eficacia de presentar una reforma tributaria casi cada dos años. Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia, señaló que esto se debe al crecimiento sostenido del gasto corriente respecto del PIB y a la ausencia de una política tributaria de largo plazo.
“Cada gobierno introduce ajustes coyunturales de recaudo inmediato en lugar de diseñar un marco tributario estable; esta práctica, poco común en economías comparables como México, Chile o Perú, ha convertido el Estatuto Tributario en un cuerpo normativo fragmentado, con normas transitorias y regímenes especiales que erosionan la seguridad jurídica y la eficiencia recaudatoria”, precisa.
Añadió que, pese a la ‘reformitis’, el déficit fiscal no baja, lo que evidencia que la fórmula ha sido errada. “El verdadero ajuste debe provenir de la reducción y racionalización del gasto corriente de la Nación y de una redirección estratégica de la inversión pública hacia sectores que impulsen crecimiento y productividad”, insistió.
