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Nancy Patricia Gutiérrez presidenta de Asomovil, y Mauricio Ramos, CEO de Millicom. | Foto: Fotomontaje SEMANA

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Telecomunicaciones lanza SOS por reforma tributaria

Los servicios de telefonía celular serían los más afectados con la reforma tributaria por el aumento en el IVA y el impuesto al consumo.

13 de diciembre de 2016

A pocos días de que la reforma tributaria sea aprobada en el Congreso de la República, los principales gremios económicos han reforzado sus mensajes de alerta en torno al impacto negativo que tendrán los nuevos impuestos.

Después de mucho lobby varios consiguieron que les aliviaran las cargas, como es el caso de las bebidas azucaradas que evitaron que se les impusiera un impuesto al consumo de 300 pesos por litro. Pero otros no han tenido tanto éxito, razón por la cual están quemando sus últimos cartuchos para lograr que los congresistas revisen las propuestas del Gobierno.

Ese es el caso del sector de la telefonía celular, uno de los que más se vería afectado con la reforma tributaria, que fue aprobada en primer debate en las comisiones económicas.

Según Asomóvil, gremio que reúne a los principales operadores de telefonía celular, los servicios del sector tanto llamadas como datos, quedarían gravados con una tarifa del 23 %, que no se le cobra a ningún otro servicio público como aseo, agua y alcantarillado, energía y gas.

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La razón es que el impuesto a las ventas subirá de 16 % al 19 %. A esta tarifa se suma el 4 % de impuesto al consumo, que se venía cobrando para los servicios de voz pero que ahora se extenderá también al plan de datos, que son los que más crecen.

Es decir, que los usuarios de todos los estratos sociales sentirán el próximo año el impacto negativos de estos gravámenes. Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomovil, cree que se restringirá el acceso a la navegación de mayor capacidad y se limitará el uso de productos básicos como redes sociales, mensajería y chat.

“Un usuario que consume 32.000 pesos al mes de internet móvil pagará en impuestos 7.360 pesos, es decir, un total de 39.360 pesos”, dice el gremio.

Esta posición es respaldada por los principales operadores de telefonía móvil que no entienden el doble mensaje del gobierno. De una parte el ejecutivo dice que quiere estimular y masificar las tecnologías de la información, pero de otro lado le da un golpe con semejante carga impositiva.

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Mauricio Ramos, CEO de Millicom, multinacional sueca dueña de Tigo-Une, sostiene que la compañía ha hecho una apuesta grande en Colombia, que le representa cerca del 30 por ciento de los ingresos de todos los países en los que se encuentra. Agrega que si bien en el largo plazo hay perspectivas favorables por el potencial de crecimiento de la clase media, en el corto y mediano plazo hay nubarrones por la carga tributaria que se avecina, la fuerte devaluación del peso y por el hecho de que la “cancha no está nivelada” para todas las compañías.

Sobre el primer punto señala que si bien la reforma es importante, se produce en momentos en que el sector está viviendo una situación muy compleja y “en medio de un entorno competitivo que no es saludable en el país por la posición dominante de uno de los operadores, lo que está llevando a que se limiten las opciones para los consumidores”.

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Un estudio de GSMA, una organización de operadores móviles a nivel mundial, sostiene que en Colombia los impuestos específicos al sector representaron el 37 % de los pagos totales por impuestos a la telefonía celular en el 2014, muy por encima de las tasas que se cobran en otros países de América Latina.

El informe señala, además, que en el país el costo de internet móvil para el 20 % de la población más pobre representa el 19 % de sus ingresos. Un smartphone básico representa el 6 % de los ingresos anuales de los habitantes más pobre del país, mientras que un smartphone de gama alta representa aproximadamente el 24 % de los ingresos.

Ramos insiste en que el momento es el más inoportuno para poner en marcha nuevas cargas para un sector que se ha visto fuertemente golpeado por la devaluación del peso. Esto se ha traducido en un aumento en el precio de los celulares, las tabletas y demás aparatos tecnológicos, lo que está restringiendo el acceso de las clases de menores ingresos.

El Congreso tiene la última palabra sobre el tema en los debates que se avecinan en plenarias de la Cámara y el Senado.