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Carrasquilla defiende las polémicas propuestas que trae la nueva tributaria

En entrevista con SEMANA, el ministro dice que esta vez, el impuesto solidario aplicará para empleados públicos y privados. Este y otros argumentos, en la antesala de la radicación del proyecto.


SEMANA: Muchos cálculos indican que quitando beneficios tributarios no habría que subir impuestos. ¿Cuáles son las cuentas que tienen en Hacienda?

Alberto Carrasquilla: Falta que se surta el proceso de discusión en el Congreso de la República para poder contestar. La propuesta nuestra es eliminar la mayoría de estos beneficios a partir de 2023, respetando a aquellos inversionistas que ampararon sus proyectos en las reglas de juego anteriores.

SEMANA: El IVA es el tema más polémico, ¿tienen plan B si no se termina aprobando?

A.C.: El IVA es un impuesto indirecto y por lo tanto injusto en la medida en que personas de menores ingresos pueden terminar pagando una mayor porción de sus ingresos que las personas con mayor capacidad económica. La solución colombiana es compensarles a estas personas lo que pagaron por IVA mes a mes. De esta manera, se logra que quienes podemos pagar, en efecto paguemos. Las exenciones y tratamientos preferenciales de IVA valen 51 billones de pesos y la inmensa mayoría de esos recursos terminan en el bolsillo de personas de altos ingresos.

SEMANA: La idea de ampliar los aportantes del impuesto de renta de 4 a 12 por ciento tocaría más clase media, que en Colombia no es tan pudiente. ¿En dónde está la equidad?

A.C.: En Colombia, según nuestro cálculo, solo 4 por ciento de las personas naturales activas económicamente pagan el impuesto de renta. Esto es altamente inusual en el mundo, incluso en América Latina. La propuesta es llevar este universo a 12 por ciento de personas naturales. Lo cierto es que incluso ese 4 por ciento de las personas naturales en Colombia pagamos poco, si nos comparamos con el resto del mundo. A medida que los países van desarrollándose, la experiencia es que el impuesto de renta va enfatizando cada vez más en las personas naturales. En Colombia, por ejemplo, las personas naturales aportamos 20 por ciento del impuesto de renta total y las empresas el otro 80 por ciento. En el resto de América Latina y el mundo desarrollado, la cifra es más alta.

SEMANA: Unifican beneficios tributarios a las personas en uno: el 25 por ciento de la renta exenta. ¿No castigan así las rentas de trabajo en un país en el que los trabajadores no ganan mucho?

A.C.: La propuesta en realidad ordena las cosas sin afectar el grueso de la exención. Hoy en día, las personas naturales, en la práctica, están usando en promedio una cifra muy cercana a ese 25 por ciento. Unos usan mucho menos, otros llegan a usar mucho más.

SEMANA: Si buscan equidad ¿por qué no aplicar el flat tax, es decir, un único porcentaje para todo mundo y que la progresividad esté en la diferencia de ingreso?

A.C.: Porque, como en todos los países del mundo, en Colombia se enfatiza la progresividad por encima de los criterios de eficiencia, que son muy fuertes con el flat tax. La progresividad se busca mediante tarifas marginales, que van subiendo a medida que va subiendo el ingreso declarado por cada contribuyente. La tarifa efectiva, es decir, el porcentaje del ingreso total que la persona paga de impuestos, pasa de cero en la base de la pirámide a 10 o 15 por ciento en la parte media y a 30 por ciento en la cúspide de la pirámide.

SEMANA: ¿Por qué revivir el impuesto solidario, que ya tumbó la Corte Constitucional como decreto?

A.C.: La Corte determinó que fue inconstitucional cobrar el impuesto solidario únicamente a los servidores públicos de ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales (unas 28.000 personas) y no hacerlo a los trabajadores del sector privado. Nuestra propuesta es aplicarlo a todas las personas con esos ingresos, durante los meses de julio a diciembre de 2021, recursos que abonarían los impuestos que deben pagar en 2022 y 2023.

SEMANA: La tarifa del impuesto de renta a las empresas no la bajarán en los próximos dos años, pero aplazan el desmonte de beneficios, que expertos consideran innecesarios. ¿Por qué?

A.C.: El 2020 no fue un año típico y muchos proyectos de inversión se pospusieron. En condiciones de normalidad sería sensato el desmonte en 2022, claro está.

SEMANA: La tarifa para dividendos era del 10 por ciento y empezaba más abajo (300 UVT, unos 11 millones de pesos). ¿Por qué proponen aumentar la tarifa a 15 por ciento, pero cobrar sobre dividendos más altos?

A.C.: Por dos razones. Uno, porque en la legislación actual el tratamiento del componente exento de los dividendos es muy diferente del tratamiento de los ingresos laborales, algo así como de uno a tres. Dos, porque los dividendos se reparten una vez la empresa ha pagado impuestos sobre sus utilidades, de tal forma que, en conjunto, la diferencia con las rentas laborales es aún más pronunciada. En nuestra propuesta, ingresos por dividendos superiores a 48 millones de pesos anuales van a pagar más y los ingresos menores de 48 millones van a pagar menos.

SEMANA: La reforma va por 26 billones de pesos. Algunos dicen que lo que saldrá del Congreso no dará para recaudar esa plata. ¿Cuál sería el mínimo requerido de la reforma según las necesidades?

A.C.: Desafortunadamente no hay mucho margen y empezaríamos a jugar contra las propuestas de gasto social que tiene el proyecto. La deuda pública supera 60 por ciento del PIB, la caja, aunque es alta en términos históricos, no alcanza más allá de unas pocas semanas y los mercados nacionales e internacionales vienen apretándose desde marzo, y seguramente lo seguirán haciendo. Es importante mostrar que el país se toma en serio el ajuste fiscal y la sostenibilidad de la deuda. Nuestro recurso escaso, según los expertos de la comisión, Fedesarrollo y Anif, para poner estos ejemplos, es el tamaño de nuestra base de recaudo, tanto en IVA como en renta. Ocultar esa realidad y negarnos a avanzar en la corrección de un problema que es clarísimo para todo el que estudie nuestro sistema sería un gran error.

SEMANA: Frente a las pensiones, se gravan desde 7 millones de pesos, pero los salarios desde más abajo. ¿Por qué es tan diferente ese tratamiento tributario?

A.C.: Hoy en día, la diferencia en tratamiento tributario es aún más pronunciada. La propuesta mejora un poco la equidad entre los trabajadores con ingresos superiores a 7 millones de pesos y los pensionados con ingresos superiores a esta cifra. Son unas 24.000 personas.

SEMANA: Se le critica al Gobierno que cobre más impuestos y el ajuste del cinturón propio solo recorta en temas nimios. ¿Qué opina de una solución más de fondo, como reducir el tamaño del Estado, por ejemplo?

A.C.: Llevamos muchos años padeciendo las consecuencias de un presupuesto nacional enormemente inflexible. Los expertos calculan que apenas 5 por ciento del total tiene la posibilidad real de ser ajustado. Ilustro esto de la siguiente manera. Los grandes rubros presupuestales son tres: las pensiones, el sistema general de participaciones y las amortizaciones e intereses de la deuda pública. En 2021, por ejemplo, esos tres gigantes nos van a costar unos 142 billones de pesos, 42 por ciento del presupuesto total, y se llevan prácticamente la totalidad del recaudo tributario del año. Modificar estos gigantes es imposible en el inmediato plazo y es difícil en el mediano y largo plazo. Los demás rubros, en comparación, son pequeños o incluso nimios y también están revestidos de inflexibilidades. La austeridad siempre es importante, pero el ajuste del gasto tiene que afrontar la realidad de unas enormes inflexibilidades que emanan de la Constitución, en muchos casos, y de la ley, en otros.

Así será el paquete fiscal

El Gobierno apostará por una triple reforma en el Congreso: una de corte social, otra para aumentar el recaudo y una fiscal. Estas son las propuestas.

• La reforma de corte social buscará reducir la pobreza extrema en 7,9 puntos y la pobreza moderada en 4,2 puntos, al dejar permanente el programa Ingreso Solidario.

• El Gobierno buscará crear una especie de renta básica para cerca de 5 millones de familias (más de 20 millones de colombianos) en la que se incluirán los giros de Ingreso Solidario y otros programas sociales. Al mismo tiempo, comenzará la focalización de subsidios de energía y gas con la nueva base de datos del Sisbén IV, que se estrenó en febrero.

• En materia de impuestos, el plan es que el IVA sea una especie de columna vertebral, particularmente con la eliminación de la categoría de bienes exentos.

• Si bien esto suena técnico, la fórmula plantea que los bienes y servicios que hoy están en la categoría de exentos pasen a la de excluidos, es decir, que no quedarán gravados.

• Pero al dejar de ser exentos, los productores de esos bienes no podrán descontar el IVA que pagaron en los insumos usados para producirlos. Por eso, algunos sectores han puesto el grito en el cielo y dicen que eso se reflejará en un mayor precio para el consumidor final.

En renta, las personas con ingresos anuales de más de 31 millones de pesos comenzarían a declarar y pagar, y de ahí en adelante las tarifas aumentarían.

• El cambio es drástico frente a lo que se viene manejando en el país, porque supondría que un millón de personas más tengan que declarar y pagar renta. De aprobarse esta idea de Carrasquilla, los montos para los salarios en que comienza a cobrarse serían de apenas 5.167 pesos, pero para altos salarios el golpe sería mayor.

• Otro frente que ha suscitado una fuerte controversia es el componente de apretón fiscal. Hasta el momento no es claro el compromiso del Gobierno de reducir sus gastos. Inicialmente se habló de un recorte de 1,5 puntos del PIB (unos 15 billones de pesos) durante 10 años, que arrancaría con el congelamiento de salarios para el sector público central durante cinco años.

• Esta semana, cuando arreciaron las críticas del propio Centro Democrático (CD), otras cifras comenzaron a aparecer. “Con el Gobierno hemos hecho las cuentas: si de 2021 a 2025 se congela el gasto sin afectar SGP, pensiones ni salud ni educación podemos ahorrar 39 billones de pesos”, dijo el senador del CD Fernando Nicolás Araújo.

• Sin embargo, cuando se esperaba una señal fuerte del Ejecutivo, el viernes se conoció una decisión presidencial en la que se refiere a recortes menores en costos de viajes y viáticos para los funcionarios, y reducción de la contratación que no corresponde con el nivel anunciado.

• Pero entre economistas y analistas económicos crece la preocupación de que, por efectos políticos, el Congreso termine aprobando una reforma tributaria que aumente gastos, pero que no cree nuevos ingresos. El remedio sería peor que la enfermedad.