Alcabalera y cortoplacista

La reforma tributaria que el pasado lunes el Gobierno presentó, en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, es sin discusión alguna una reforma alcabalera y cortoplacista. Como han señalado varios calificados analistas, la iniciativa llega en medio de un deterioro fiscal significativo. Cada día estamos más endeudados y el país tiene que ser consciente de que en un pasado no muy lejano solo 10 pesos de cada diez recaudados se destinaban al servicio de la deuda: hoy son más de 20 pesos, lo que limita el margen fiscal.

Adicionalmente, estamos entrando en un círculo vicioso: entre mayor sea el déficit fiscal, mayor va a ser el costo de la deuda. En pocos años estaremos dedicando entre 25 y 30 pesos de cada 100 recaudados en atender la deuda.

¿Por qué es una reforma alcabalera? Porque en vez de buscar objetivos de eficiencia y equidad de mediano a largo plazo —en un país que según la OCDE, tiene uno de los esquemas tributarios peor diseñados del mundo— lo que busca desesperadamente es cómo financiar el desfase de 26,3 billones de pesos entre lo que va a recibir y lo que pretende gastar.

Lo que la actual administración, que gasta mal, invierte poco y administra peor, pretende es tapar un descomunal hueco, no construir un esquema tributario más competitivo. Un comentarista señalaba: “En lugar de intentar reformar a fondo el sistema tributario, y ya cansado de exprimir a las empresas, el Gobierno prefiere seguir apretando a los asalariados y a las personas naturales. No es un cambio de modelo, es un atajo para llegar a diciembre sin que se caiga el edificio”.

La reforma se presenta en una coyuntura muy delicada: la suspensión de la regla fiscal y el déficit proyectado al cierre de año del 7,1 %. Con mucha razón, las principales calificadoras del riesgo han hecho pública sus alertas rebajando la calificación crediticia del país.

¿Por qué cortoplacista? Porque la reforma es un mecanismo que exclusivamente busca una solución inmediata a un desequilibrio generado por el mismo Gobierno.

Al autor de esta nota le sorprenden dos aspectos: el primero es que no ve que el Gobierno haya hecho el menor esfuerzo por disminuir sus gastos. Muy por el contrario, lo que se está dedicando es a gastar sin freno alguno. La palabra austeridad no pareciera estar en el radar.

Si el Ministerio de Hacienda y la DIAN dedicaran la mitad del tiempo en que se ocupan mirando formas de meterle la mano al bolsillo del contribuyente a encontrar eficiencias en el gasto y en los absurdos subsidios, no habría necesidad de la reforma. Un dato sorprendente es que más de la mitad de los subsidios energéticos, y una buena parte de los subsidios a la educación y a los combustibles, terminan beneficiando es a los hogares con ingresos medio y medio-altos.

La segunda sorpresa tiene que ver con la imbecilidad de este Gobierno de dejar marchitar a Ecopetrol. En el 2022, esta empresa tuvo utilidades de 33,4 billones de pesos. Cada año las utilidades se han ido reduciendo y este año Ecopetrol va a cerrar con una utilidad de 3,4 billones. Siendo el Estado accionista del 88 % de esta empresa, es obvio que sus dividendos se van a ver seriamente mermados.

Mientras tanto, la estadounidense Exxon, que en el 2022 cerró con una utilidad de 55.000 millones de dólares, en el 2025 va a cerrar con 62.000 millones de dólares. Así que no vengan a decirnos que los problemas de Ecopetrol son similares a los de todas las empresas petroleras.

Por chapucera, inconveniente, alcabalera y cortoplacista, el Congreso no debería aprobar esta reforma tributaria.