El Covid-19 es un virus que afectó a la igualdad. De hecho, su patrocinador por excelencia en gran fase de lo más duro de la pandemia fue la falta de políticas nacionales para combatir la desigualdad, algo que fue un efecto mundial; desde 2020, se ha dicho que esta fue una razón fundamental para que el virus hubiese sacudido al mundo pues, a final de cuentas, nadie estaba preparado para hacerle frente a una crisis de tal magnitud.
Y aunque es de esperarse que ningún gobierno lo tuviera presupuestado, previo a la irrupción del Covid-19, un monto en el gasto público lo suficientemente amplio para salvarse de los efectos que tuvo esta pandemia, lo cierto es que desde la aprobación hace más de 7 años de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, ya se había insistido en la necesidad de trabajar en 17 objetivos fundamentales que hubieran funcionado como una base o una hoja de ruta si se hubiera trabajado en ellos de forma seria, transversal e íntegramente.
De hecho, el objetivo #10 es precisamente reducir la desigualdad en y entre los países. El poder garantizar una mayor igualdad y que nadie se quede atrás, Naciones Unidas lo considera una parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si se hubiera trabajado un poco más, a nivel global, en este criterio, es muy posible que los hogares más pobres y las comunidades más vulnerables no hubieran resultado igual de afectadas, pues, allí se hizo más que evidente las fragilidades en materia de salud pública y seguridad social y poco a poco las consecuencias se extendieron hasta profundizar más las desigualdades sociales, políticas y económicas.
La nueva edición del Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad 2022 (Índice CRI), un análisis realizado por Oxfam y Development Finance International (DFI) sobre las políticas y medidas destinadas a acabar con las desigualdades, ha revelado que la mayoría de los gobiernos no ha logrado mitigar el peligroso y exponencial aumento de las desigualdades en general.
Por ejemplo, tanto los países de renta alta como los países de renta baja han alimentado la desigualdad económica desde la entrada de la crisis pandémica en 2020. Y, a pesar de que en este siglo haya emergido la mayor emergencia de salud pública, la mitad de los países de renta baja y media-baja redujo su porcentaje de gasto en salud durante la pandemia, el 50% de los 161 países analizados recortó su porcentaje de gasto en protección social, el 70% redujo su porcentaje en gasto en educación y dos tercios de los países no incrementaron el salario mínimo en línea con el PIB reflejado.
Una interesante y decepcionante colección de hallazgos que a simple vista son más que contradictorios. Los dos criterios que tenían un impacto sumamente directo como salud y protección social fueron los que más sufrieron recortes cuando eran los que más inversión necesitaban. De hecho, en Latinoamérica, es una inversión que aún se necesita con o sin Covid-19 de por medio.
Muchos acudirán a la famosa política de austeridad que puso en manifiesto la necesidad de recortar el gasto público para afrontar la crisis, pero tal parece que no se atacaron los frentes menos relevantes para reducir el gasto y, por el contrario, inyectar recursos a los sectores que más lo necesitaron. El mismo estudio del índice CRI puso en evidencia que nada es inevitable y que la desigualdad resulta ser, en realidad, una elección política sobre la cual sí se puede trabajar para formular medidas robustas que contribuyan al cierre de diversos tipos de desigualdades. Por supuesto, vale la pena mencionar algunos ejemplos prácticos.
Nepal logró incrementar su gasto en salud en más de un 50% entre 2019 y 2021, mientras que el Territorio Palestino Ocupado pasó del 37% al 47% en aumento presupuestal para el gasto social durante el mismo periodo de tiempo. Por su parte, Costa Rica aumentó en 10 puntos porcentuales el tipo superior del impuesto de renta, Barbados formuló una serie de leyes para mejorar los derechos laborales de las mujeres y Argentina y Bolivia introdujeron un impuesto sobre la riqueza para el segmento poblacional más adinerado. Ello demuestra que no necesariamente la disposición de fortalecer este tipo de políticas depende de qué tan rico sea el país; todo es cuestión de saber manejar los recursos.
El ranking de este índice califica a los mejores países que trabajan en la reducción de varias desigualdades, siendo el top 10 varios países ricos miembros de la OCDE. Así, el índice lo encabeza Noruega, seguido de Alemania, Australia, Bélgica y Canadá. Por otro lado, los peores países calificados fueron Sudán del Sur, Liberia, Nigeria y Haití. El factor común de los 10 países con la peor puntuación fueron las crisis derivadas por conflictos internos e inestabilidad política.
De esta forma, si bien parecería que la reducción de la desigualdad era un objetivo importante propuesto antes de pandemia, está claro que la diferencia entre el comprometerse y el actuar es muy grande. A nivel mundial hace falta un seguimiento en el progreso real en el marco de casi todos los ODS, ya que las políticas de austeridad mal ejecutadas y el mal manejo y asignación de los recursos estaría afectando, aún más, el bienestar de la población en todo el mundo.