Falseando a Keynes, quien concibió el estímulo fiscal y el gasto público como herramientas contracíclicas y temporales, Petro y sus bedeles en el sector económico usaron el presupuesto para expandir el aparato burocrático de forma indefinida. Mientras Keynes afirmaba que el gasto público debía dirigirse a obras de infraestructura e inversión de capital con miras a mejorar la productividad, el gasto en el gobierno de Petro, aparte de la expansión de la burocracia estatal, casi de manera exclusiva se direccionó a los subsidios directos e indirectos. Como lo observaba un analista, “lejos de ser un mecanismo de emergencia, lo convirtieron en un programa ideológico permanente para expandir el control estatal sobre la economía”.
El enorme problema que enfrentamos los colombianos no solo es el incorrecto uso del gasto, sino que mayoritariamente fue ejecutado con deuda y no con impuestos. Colombia es un país cuyos recaudos tributarios deberían llegar al 20 %, pero solo alcanzan el 14 % del PIB. Al ser los gastos de la Nación superiores al 22 % del PIB, el desfase del 8 % no va a ser posible financiarlo solo con más impuestos sin medidas complementarias como taponar las exenciones. La solución inmediata no puede ser más deuda, sino el recorte drástico del gasto público.
La deuda pública es del 61 % del PIB y algunos argumentan que hay países con un porcentaje de deuda sobre el PIB mucho más alto que el nuestro, como son los EE. UU. con el 122 %. Lo que no tienen en cuenta es que, dado nuestro ínfimo recaudo con las altísimas tasas de interés que pagamos por la deuda, la capacidad de maniobra nuestra es más que estrecha. Mientras que en Alemania y el Japón solo 6 o 7 euros o yenes de cada 100 que recaudan se van en el pago de intereses, en Colombia son 29 pesos. El que únicamente dispongamos de 61 pesos para gastos e inversión es insostenible a mediano y largo plazo y no va a permitir el crecimiento de la economía más allá del 2 % anual.
En un reciente artículo en El Espectador hacíamos referencia a la agonía del sector agroexportador a causa de la revaluación, fenómeno cambiario que ha convertido el peso en la moneda emergente más revaluada del mundo. Las altas tasas de interés fijadas por el Banco de la República son las que aportan los esteroides al carry trade, capitales golondrina en los que inversionistas extranjeros, aprovechando el diferencial de lo que les cuesta endeudarse y les rinden los TES, obtienen rentabilidades del 25 %. El grueso del carry trade son especuladores que invierten entre 30 y 90 días y hoy tienen aproximadamente 200 billones de pesos de los 800 billones en TES emitidos por el Estado (un solo fondo, Pimco, tiene el 30 %).
El Ministerio de Hacienda y el Banco de la República creen (erróneamente en concepto de quien escribe esta nota) que, al poner algunas medidas regulatorias para frenar la especulación, muchos de los inversionistas que ya tienen miles de millones de dólares en el país desharían sus posiciones, creando un shock de desconfianza que dispararía el dólar de golpe, generando una devaluación caótica que afectaría la inflación y los precios de los bienes importados.
Respaldados en ese temor, prefieren ver la ruina del sector exportador, incluyendo la de los industriales que fabrican productos muy fácilmente reemplazados por importaciones a precios de quema, antes de interferir en el carry trade. Un encaje escalonado del orden del 40 % sobre las inversiones extranjeras menores de 90 días, acompañado de la decisión de que el Ministerio de Hacienda venda los dólares al Banco de la República y no al mercado, corrige la tasa de cambio. Conscientes del enorme daño que el carry trade les hace a sus economías, varios países le han puesto cortapisas a esta práctica por medio de encajes a las inversiones de menos de 90 días.
Estas medidas ya fueron aplicadas con éxito por Brasil, Chile y Turquía, y ninguno tuvo la devaluación caótica que hoy usan el Ministerio y el Emisor como excusa para no actuar. El Gobierno debería convocar de inmediato a una serie de expertos, incluyendo a representantes del sector exportador y de la industria nacional, para estudiar las medidas que morigeren los impactos negativos de los capitales golondrina. Las consecuencias de no actuar pueden ser infinitamente más altas que la parálisis que hoy embarga al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República.