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Camilo Cuervo (Foto para columna)

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Vacunarse: ¡La sociedad lo exigirá!

Francia, la cuna de la libertad, la semana pasada anunció que aplicará fuertes restricciones de movilidad y de acceso a sitios públicos a aquellas personas que se nieguen a vacunarse; en otras palabras, limitará las libertades individuales en beneficio del bien común, lo cual, es un contrasentido en un país donde el individualismo y el respeto irrestricto a la objeción de conciencia es casi un dogma de fe.

30 de julio de 2021

España, un país “hermano” -por no decir “padrino”- de Colombia, esta semana anunció que cerrará sus fronteras a los colombianos, alegando su legítimo derecho a protegerse. Solo permitirá el ingreso de residentes y de aquellas personas que demuestren tener razones humanitarias para visitar suelo español.

Japón, hasta hace unos pocos días, con toda la pompa y la fiesta lista, consideró seriamente la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos 2020. A pesar de que permitió que se iniciaran, el rechazo de sus ciudadanos a las justas deportivas es evidente y muchos japoneses optaron por pedir vacaciones para aislarse e impedir la propagación del virus. A pesar de todos sus esfuerzos y de su férrea y milenaria disciplina social, el titán asiático esta semana alcanzó el índice de contagios más alto desde que empezó la pandemia.

En Colombia, sin embargo, llevamos varios días discutiendo acerca de la “constitucionalidad” de implementar un pasaporte virtual de vacunación con código QR, para poder ingresar a sitios y eventos públicos. Incluso algunos más osados, ya están hablando del derecho a “rechazar la vacuna” y de la posibilidad de “tutelar” los derechos a la movilidad y a no ser discriminados por “creencias científicas”.

Aunque parezca absurdo, el haber optado por comprar casi todas las vacunas disponibles en el mundo, nos está pasando una cuenta de cobro ridícula. Padecemos ahora del extraño síndrome del arribismo y esnobismo de las vacunas. La gente literalmente pelea por acceder a la vacuna americana de Pfizer y ven con desdén la modesta vacuna china de Sinovac. Lo único cierto es que la mejor vacuna es la que le pongan, ¡punto!, pero ha resultado muy difícil afianzar esa certeza científica en la población.

Alrededor de esa “discriminación inmunitaria”, se han tejido los más inverosímiles mitos sociales, los cuales, en muchos casos son propagados como pólvora por líderes religiosos e incluso por algunos médicos que, con apariencia de pseudociencia, le otorgan poderes curativos a todo tipo de cocteles farmacológicos, a plantas como la moringa e incluso a derivados del cloro que solo sirven para limpiar pisos. En pleno siglo XXI eso es impensable, pero sigue pasando y ya ha dejado varios muertos en el camino.

En mi oficio diario como asesor laboral empresarial, son constantes las consultas de los empleadores sobre la posibilidad legal de exigir a los trabajadores que se vacunen o, lo que es aún más complejo, aplicar sanciones y restricciones a aquellos que se nieguen a hacerlo. Lamentablemente, en nuestro complejo sistema legal, es imposible obligar a alguien a vacunarse y es apenas obvio que discriminar a los colaboradores por no inocularse contra el covid-19, sería un suicidio legal. Así de sencillo.

A pesar de que existe consenso acerca de la imposibilidad de forzar legalmente la vacunación en nuestro país, lo que está empezando a pasar es que la sociedad comienza a implementar, sin proponérselo, un control social que está superando, por mucho, las complejas realidades legales.

En Colombia, como en muchas otras latitudes, cada vez es más frecuente que los grupos sociales rechacen a aquellos que se niegan a vacunarse. Ya se evidencian reuniones de “vacunados” y muchos establecimientos de comercio están considerando seriamente solo permitir el ingreso a personas inmunizadas cuando el “pasaporte virtual”, que está estudiando el Gobierno Duque, sea una realidad.

El tema terminará decantándose más por presión social que por normas, entre otras razones, porque en medio de nuestra convulsionada situación social, cualquier intento gubernamental de forzar legalmente la vacunación o restringir la movilidad será utilizado por los enemigos de la institucionalidad para indignarse nuevamente.

Debemos ser muy recios con aquellos que se nieguen a vacunarse. Sin caer en la discriminación, aquellos “antivacunas” deben saber que la sociedad no está dispuesta a soportar su actitud. Es simple; es su “libertad”, contra la vida de todos los demás. La sociedad también tiene derechos y llegó el momento de hacerlos respetar.

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