En agosto, Colombia inicia un nuevo ciclo político en un momento que exige serenidad, rigor y sentido de largo plazo. El país llega a esa transición con retos económicos relevantes, pues la economía creció 2,2 por ciento en el primer trimestre de 2026, pero la inversión se encuentra en niveles muy bajos, la inflación anual llegó a 6,14 por ciento en junio y la tasa de interés se ubica en 12 por ciento. Debemos pasar de una economía que ha sabido resistir a una que invierte, produce y crece con mayor solidez. Para lograrlo, la confianza debe ser el centro de la agenda nacional.
Y no hablo de una confianza entendida como una consigna que se repite en distintos escenarios, sino de la que permite tomar decisiones de largo plazo: comprar vivienda, invertir, prestar con responsabilidad y creer en el futuro de las regiones. Esa confianza se construye con reglas claras, instituciones que funcionen, decisiones basadas en evidencia y una dirección de país que trascienda los ciclos políticos.
El primer reto del próximo Gobierno será ordenar las finanzas públicas, revisar qué debe continuar y qué debe cambiar. Cuando el Estado pierde margen fiscal, sube el costo de financiarse y se reduce la capacidad de invertir en lo importante. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido un faltante de 32,1 billones de pesos para cumplir la meta fiscal de 2026; sin medidas efectivas, el déficit podría llegar a 6,7 por ciento del PIB y la deuda neta, a 60,3 por ciento del PIB. Ordenar las cuentas protege la estabilidad macroeconómica, la inversión pública y la agenda social.
El segundo reto es plantear una senda de crecimiento que no dependa solo del consumo. Un país se vuelve más productivo cuando invierte, moderniza su infraestructura, incorpora tecnología y crea empleo formal. Las cifras del primer trimestre muestran esa tensión: mientras que el consumo creció 3,4 por ciento, la formación bruta de capital cayó 3 por ciento. Sin inversión, el crecimiento pierde sostenibilidad.
El país debe ofrecer señales consistentes. El capital no les teme al debate democrático ni a la alternancia política. Les teme a la incertidumbre, a los cambios abruptos de reglas, a los trámites que no avanzan, a la inseguridad jurídica y a la falta de coordinación institucional. La inversión requiere proyectos bien estructurados, entidades públicas con capacidad de decisión, comunidades involucradas desde el principio y un marco regulatorio que permita calcular riesgos.
La reactivación también debe concentrarse en sectores capaces de mover inversión, empleo y confianza: vivienda, infraestructura y energía. La vivienda como una prioridad nacional. Para las familias representa estabilidad, patrimonio y futuro; para la economía, empleo y actividad productiva. El deterioro ya se siente: en el primer trimestre de 2026, la construcción cayó 5,4 por ciento y las edificaciones, 8,2 por ciento. Reactivarla exige una política estable, bien focalizada y ejecutada a tiempo.
En infraestructura, no será solo anunciar nuevas obras, sino lograr que las ya estructuradas avancen. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que el Invías cerró 2025 sin ejecutar más de un billón de pesos, comprometiendo al menos 60 obras clave. Estos retrasos afectan el empleo, encarecen los proyectos y debilitan la confianza.
El tercer frente es energía. En primer lugar, se deben tomar medidas para enfrentar un fenómeno de El Niño que, dicen, será severo. Además, se debe generar una agenda seria sobre transición y seguridad energética como un determinante para la resiliencia económica, la productividad y la seguridad del país. Tras perder la autosuficiencia en gas en 2024 y depender cada vez más de importaciones costosas y volátiles, Colombia debe avanzar en renovables sin desconocer el papel del gas como combustible de transición ni la infraestructura que exige el sistema.
Esa tarea exige algo fundamental: capacidad de ejecución. Tenemos el talento necesario, el diagnóstico y sabemos lo que debemos hacer. Hay que actuar. El país necesita menos trincheras y más puentes: un Estado que sea garante, un sector privado que invierta y genere empleo, financiadores que movilicen recursos, academia que aporte conocimiento y comunidades que den legitimidad desde el territorio. Los próximos años serán exigentes, pero el país no necesita pesimismo; necesita disciplina, coordinación y confianza para avanzar sin paralizarse, como lo hemos hecho a lo largo de la historia.
Cuando un país confía, invierte; cuando invierte, crece; y cuando crece con responsabilidad, puede cerrar brechas, generar empleo y convertir el crecimiento en bienestar. Ese es el largo plazo en el que tenemos que volver a creer.